La expresidenta de la Asamblea y actual legisladora, Gabriela Rivadeneria, pidió a través de su cuenta de Twitter que la fiscal Claudia Romero mencione los nombres de personajes que “ejercen presión política” en el caso que investiga sobre una posible asociación ilícita por el delito de concusión en el Ministerio del Interior.

Lo dijo después de conocerse que Romero, en la audiencia de formulación de cargos, manifestó que sufrió actos intimidatorios y que hubo influencia política para dejar fuera de la investigación a David Y., y a otras dos personas (Luis N., y María Ch.), quienes fugaron antes del operativo de detención.

Además de David Y., los otros presuntos involucrados son: Boris P. y Byron Z., funcionarios del ministerio; y María E., esposa del primero.

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David Y. labora en comisión de servicios en la Legislatura. Fue asistente de Rivadeneira cuando ella dirigió esa función del Estado.

Vladimir Porojnia, abogado de David Y., dijo que este no tiene ningún poder político, de presión, ni tiene influencias sobre asambleístas para “tratar de creer” que existió algún tipo de injerencia o de presión.

Al consultarle si de parte de ellos hubo presiones a la jueza Geovanna Palacios para que dicte medidas sustitutivas respondió: “Jamás”.

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Esto porque, según la Fiscalía, “luego de reconocer que ha recibido presiones”, la jueza concedió medidas sustitutivas como prohibición de salida del país y uso del dispositivo electrónico al rechazar el pedido de prisión preventiva.

Según Porojnia, la jueza ha dicho que tuvo “posiblemente injerencias por parte de personeros del Ministerio del Interior y de otras carteras de Estado a fin de que, tengo entendido, dicte prisión preventiva”.

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Alegó la inocencia de su cliente, pues agregó que no hay indicios de que haya recibido algún tipo de prenda o transferencia económica. (I)