El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, requirió este miércoles al líder catalán Carles Puigdemont que aclare oficialmente si hubo declaración unilateral de independencia, el primer paso para una eventual suspensión de la autonomía de Cataluña, según estipula la ley.

El ejecutivo central acordó "requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia", dijo Rajoy ante la prensa.

El líder conservador explicó que ese requerimiento es "previo a cualquiera de las medidas que el gobierno puede adoptar al amparo del Artículo 155" de la Constitución, que le da potestad para suspender la autonomía.

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El socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición, dio su apoyo a Rajoy y anunció que había acordado con él abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, precisando que permitiría hablar de "cómo Cataluña se queda en España, y no de cómo se va".

Además, Madrid ha recibido en las últimas horas el apoyo de los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, México y Colombia.

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Referendum

El sentimiento independentista en Cataluña ha crecido exponencialmente desde la crisis económica mundial de 2008 y el recorte parcial en 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que le daba más autonomía.

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El 1 de octubre, se celebró un referéndum declarado inconstitucional en el que más del 90% de los votos fueron a favor de la independencia, con una participación del 43%, aunque los sondeos y los resultados de las elecciones autonómicas señalan una división casi a partes iguales en la sociedad catalana. En lo que sí coinciden es en pedir un referéndum pactado sobre la autodeterminación. 

El martes, en el parlamento regional, el presidente catalán Carles Puigdemont dejó en suspenso una declaración de independencia sin llegar a formularla explícitamente, creando una gran confusión.

El desconcierto fue aún mayor cuando, terminado el pleno, los 72 diputados independentistas firmaron una declaración de independencia en la que como "representantes de Cataluña" constituyen "la República catalana como Estado independiente y soberano".

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El valor jurídico de este documento "es simbólico", aclaró este jueves el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull. La intervención de Puigdemont en el parlamento hizo pasar de la euforia a la decepción a los miles de independentistas que siguieron el discurso en pantallas gigantes por toda Cataluña.

Un arma nunca usada

España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.

Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis, el Artículo 155, que nunca se ha aplicado plenamente.

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Este dice que, si una región "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes (...), el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido (...) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones".

En 1989, el entonces presidente Felipe González no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.

Si Rajoy decide ir más allá del requerimiento, necesitará el apoyo de la mayoría absoluta del Senado, y su Partido Popular dispone de ella. (I)