Pedido de Réplica de María Belén Clavijo Rey

La abogada María Belén Clavijo Rey envió a este Diario una comunicación referente a un reportaje publicado el domingo 24 en la sección Actualidad bajo el título “Odebrecht, cliente vital de bufetes y abogados”. En la nota periodística se incluyó una información en la que se señala que la jurista figura tercera en el ranking de los 76 asesores que tuvo la multinacional brasileña Odebrecht en el período 2010-2016, nómina difundida desde enero por el Servicio de Rentas Internas, SRI.

Este Diario se contactó con un familiar de Clavijo, quien se negó a proporcionar sus teléfonos de contacto y se comprometió a informar del requerimiento de este Diario.

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A continuación el texto de réplica solicitado por la abogada María Belén Clavijo Rey:

El artículo induce a los lectores a interpretar que mis actividades o mi asesoría han estado envueltas en los escándalos de corrupción, nada más lejano a la verdad.

Asimismo, la nota no aclara que de los montos reportados, entre los años 2010 y 2016, existen reembolsos de pagos de las tasas arancelarias establecidas por las diferentes entidades estatales.

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Estos reembolsos fueron debidamente justificados, como todos mis ingresos, facturados y declarados ante el SRI.

Por lo expuesto, me permite aclararle que a lo largo de mi carrera he desempeñado mi profesión con altura y con ética, todos los procesos que he llevado a cabo cumplen con todos los requisitos de la ley, jamás he cometido ningún acto de corrupción y la gente que me conoce en mi vida personal y profesional, puede dar fe de mi moral y de mis principios al momento de desempeñar mis labores. Recalco, he realizado mi trabajo siempre acorde lo manda la ley, de lo cual me siento orgullosa.

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Soy una profesional altamente capacitada, he trabajado en el ámbito jurídico, específicamente en el migratorio, civil y societario.

Mi asesoría legal incluye los siguientes puntos: trámite de visas para el personal expatriado que viene a prestar su contingente en el Ecuador, elaboración y revisión de contratos de trabajo, elaboración de reglamentos internos y seguridad industrial, así como permisos de funcionamiento ante las diferentes autoridades públicas.

El ejercicio digno de cualquier profesión, como el periodismo o la abogacía, deben estar enmarcados dentro de la verdad y no en la mentira o el engaño.

Por ello, comparto la posición del Colegio de Abogados de Pichincha, expresada en un comunicado publicado el 12 de septiembre pasado, en el que señala: “Divulgar información con intenciones de desprestigiar a la profesión, no solo que afecta a la honra de los mencionados profesionales, sino que violenta el derecho al ejercicio de la profesión de abogado de una manera inaceptable en un país democrático”.

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No se puede desprestigiar la profesión y la honra de los abogados por haber brindado sus servicios profesionales, como si ese solo hecho podría ser en sí mismo causa de reproche o contrario a la esencia misma del quehacer profesional.

Nosotros, los abogados, los que creemos en el derecho y ejercemos con dignidad nuestra profesión, no podemos ser tratados como delincuentes o cómplices.

La abogacía es un privilegio que tenemos quienes hemos cursado la carrera de derecho y tenemos la obligación de realizarla bajo los más altos parámetros de ética y honorabilidad.