“Por qué no nos pueden devolver a nuestra hija. Suplicamos que nos la devuelvan, nosotros no le hemos hecho ningún mal a nadie, por qué nos hacen esto”, repetía llorando Jacinto S. M., de 48 años, quien ayer se aferraba a las rejas del cerramiento exterior de la casa de acogida Inés Chambers, en la que está su hija, en el sur.

Él se resistía a creer que continuará alejado de su niña de 8 años, a quien pudo verla ayer, por minutos, después de estar 75 días en la cárcel, acusado, junto con otros cuatro familiares, del supuesto secuestro y de no ser el padre de la menor.

El examen de ADN que solicitó la Fiscalía en este caso confirmó (con el 99,99%) que los acusados del presunto secuestro eran los verdaderos padres de la niña, no así la mujer que reclama a la hija que dice le arrebataron a los pocos días de nacida, en agosto del 2011, cuando caminaba por la coop. Sergio Toral, en el noroeste.

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El viernes último, los padres de la niña y dos tíos fueron liberados tras la revocatoria de la prisión preventiva que pesaba sobre ellos, después de que fueron detenidos el 12 de julio pasado en el operativo policial Esperanza. La otra implicada, una parienta embarazada, seguía con arresto domiciliario hasta las 14:00 de ayer.

Aquel 12 de julio, en rueda de prensa, la Policía habló de las investigaciones y de la incursión que hicieron en la casa de la niña para rescatarla de sus supuestos raptores, a quienes además se los involucró en delitos como el microtráfico.

Setenta y ocho días después de aquel suceso, los padres volvieron a la niña, pero todavía no se la pueden llevar a casa como ansían. Aún falta una audiencia por el caso de la acogida de la menor, prevista para el 11 de octubre, según los familiares.

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“Salgo con un dolor inmenso. Soy una madre que estoy destrozada, por qué no me dan a mi hija. Que agiliten rápido (el trámite) para que me den a mi hija. Estuvimos presos injustamente 75 días (...), qué más esperan”, decía llorando Rosa L. G., de 36 años, madre de la menor.

La niña dejó de ir a la escuela; sus padres perdieron sus empleos y han sido tildados de secuestradores, cuentan; sus otras tres hermanas (también menores de edad) bajaron en las calificaciones escolares y aún no pueden dormir en las noches; su abuela materna empeoró su condición médica y el caso aún no está cerrado, dicen los progenitores.

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A todo esto le suman las supuestas trabas y largas en el proceso. Uno de los abogados de la familia de la niña, Jackson Vera, habla de negligencia en este caso y de que analizarán luego las acciones a seguir por la vulneración de los derechos de la niña y de sus padres.

Más detalles
Supuesto secuestro. Familiares de la niña aseguran que no conocen a la madre que reclama a la hija que le quitaron. Además, a Diana M. A., de 21 años, otra de las implicadas en el caso, no le levantaban el arresto domiciliario hasta las 14:00 de ayer. A ella no la llevaron a la cárcel porque está embarazada de su segundo hijo. (I)