El Gobierno independentista catalán admitió ayer que la organización del referendo de autodeterminación del 1 de octubre quedó alterada tras las operaciones policiales contra su infraestructura y algunos de sus altos cargos, contestadas con manifestaciones separatistas en Barcelona.

Y es que la presión contra la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional, se incrementa cada día. El Tribunal Constitucional anunció multas de 12.000 euros diarios a los miembros de la junta electoral creada para organizar la consulta, si no renuncian.

Todo ello después de que 14 altos cargos del equipo que organiza el referendo (8 ya en libertad), y requisó millones de papeletas y miles de cartas dirigidas a los ciudadanos designados a colegios electorales.

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Además, el gobierno del presidente Mariano Rajoy bloqueó las finanzas de la región.

Las últimas actuaciones policiales crisparon los ánimos de los independentistas y provocó protestas multitudinarias el miércoles y ayer. “El camino hacia el 1 de octubre está lleno de movilizaciones”, advirtió el presidente de la organización independentista Omnium, Jordi Cuixart.

Los separatistas son mayoría en el parlamento catalán desde 2015, pero según los sondeos la sociedad catalana se muestra muy dividida ante el intento de independencia. (I)