Más iniciativas para modificar la estructura del Estado surgen desde la sociedad civil. Y apuntan a cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC), aprovechando la propuesta de consulta popular que impulsa el presidente Lenín Moreno.

Así, en unas dos semanas el Frente de Transparencia de Lucha contra la Corrupción, que creó Moreno en junio pasado, presentará un diagnóstico de la institucionalidad del país y propuestas para enfrentar la corrupción.

Xavier Zavala Egas, coordinador de la instancia, preparó un extracto respecto de la Función de Transparencia y Control Social, de la que es parte el Consejo, y cree que se le deben “suprimir y reducir” competencias, por ser “excesivas y duplicadas”.

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El CPC tiene doce atribuciones, entre ellas, la lucha contra la corrupción y elegir a unas 22 autoridades de control. Pero Zavala cree que debe quedarse solo con la promoción de la participación ciudadana y que además la selección de los siete consejeros debe reformularse.

En un texto de doce páginas critica a este organismo y esgrime que es “proclive a la cooptación de los gobiernos de turno”, por lo que no debería elegir autoridades.

En cuanto a la lucha contra la corrupción se ampara en las cifras del CPC, que de julio del 2015 a junio del 2017 han admitido 283 denuncias, han archivado 253 y derivado a los órganos pertinentes 206, de las cuales a la Fiscalía General remitieron 79 y 177 a la Contraloría.

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A su criterio, “son cifras que, ni remotamente, reflejan el estado de corrupción que el país vive, siendo claro que la ciudadanía no percibe (al Consejo) como el receptor idóneo y competente para casos de corrupción”.

En tanto, la Comisión Anticorrupción y el Colectivo Nacional Unitario anunciaron ayer cuatro propuestas de preguntas que aspiran a que sean incorporadas en la consulta, y serán entregadas a Moreno el 20 de septiembre en una movilización que se hará desde las 16:00 en Quito.

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José Villavicencio, presidente del colectivo de trabajadores, cree que sus preguntas “desmontarán la estructura del correísmo”.

Estas se refieren a que queden sin efecto las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea en diciembre del 2015, que el CPC cese en sus funciones, así como las designaciones que ha hecho, y que se cree una entidad de transición que elija a las nuevas autoridades. (I)

Cuestionamientos
Y propuestas

Críticas al sistema de participación
Xavier Zavala Egas cree que la participación ciudadana en su diseño actual “es parte del poder y proclive al riesgo cierto de estructurar una red clientelar a su servicio”. Ejemplifica el Decreto Ejecutivo 016, que regula el trabajo de las organizaciones sociales no gubernamentales.

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Sanción como la muerte civil
La Comisión Anticorrupción y el colectivo de sindicalistas proponen la muerte civil a los implicados en casos de corrupción. Además que reparen integralmente los daños causados a la naturaleza y el Estado.