A principios de mes, el Consejo Consultivo de la Producción y Tributario entregó a la ministra Eva García más de 500 propuestas recogidas de las 26 mesas de trabajo, un anticipo de las recomendaciones que se entregarán en septiembre 26.

Algunas de estas recomendaciones, en particular las que no tengan costo fiscal, y que se centren en disposiciones que agilicen trámites y remuevan trabas a las actividades productivas, serían puestas en efecto de inmediato.

Para fines de octubre, el Ministerio de Finanzas deberá presentar la proforma presupuestaria de 2018. Esa proforma se sustentaría en medidas ya adoptadas y reformas legales con efectos fiscales y tributarios que entrarían en vigencia el 1 de enero.

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Las propuestas del Consejo serían un importantísimo insumo para las medidas y proyectos de ley. Un insumo, porque es prerrogativa del presidente determinar cuáles de las recomendaciones adopta, cuáles no y qué cosas que no han sido recomendadas corresponde aplicar.

Las propuestas del Consejo se centrarían en cómo mejorar el entorno de negocios, para que se vigorice la inversión privada luego de diez años perdidos dada la hostilidad del régimen al capital privado. La proforma, sin embargo, deberá contar con acciones que contribuyan a reducir la dependencia del fisco en masivos créditos externos. El “tarjeteo” de Rafael Correa es insostenible.

Si las medidas por adoptarse se encauzan por la austeridad, habrá un costo para la burocracia y proveedores del Estado. Si se decantan por el incremento de ingresos, el impacto lo sufrirán contribuyentes y consumidores. Habrá costos, y es inevitable.

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Hoy el país tiene una oposición legislativa responsable, que entiende que no pueden anteponerse intereses electoreros a la estabilidad económica de la nación. Desafortunadamente, no puede decirse lo mismo del bloque oficialista, que porfía en mantener el espejismo de que el manejo de la economía del gobierno anterior fue inmaculado. Hoy la oposición viene de adentro, cuenta con mayoría legislativa, cortes, fiscal, superintendentes y hasta presencia en el gabinete.

La oposición la dirige desde Bruselas Rafael Correa, instalado en sus flamantes oficinas antes consulado, acompañado por su personal de apoyo de la presidencia, en gozo de sueldos diplomáticos, cortesía de su canciller María Fernanda Espinosa, quien también es canciller de Lenín Moreno. La Cancillería, financiado el cuartel general de la oposición al gobierno.

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Ya han transcurrido 100 días sin plan económico. Rafael Correa está a la espera para capitalizar cualquier descontento que se produzca.

Lo que cabe es que antes de adoptar un programa económico, Lenín Moreno imponga su autoridad en Alianza PAIS, la que al menos nominalmente preside; tome control del bloque legislativo, y remueva a los funcionarios del Estado que encubren la corrupción de la década robada.

Según expertos, para lograr estos objetivos Moreno Garcés debe recurrir al pueblo, que a decir de las encuestas, lo respalda masivamente. Tiene que optar por una consulta popular, referéndum o Constituyente.

El problema es que cualquiera de esos procesos consume mucho tiempo para poner en marcha y el programa económico ya está atrasado. Hay descalce entre las agendas políticas y económicas.

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Por lo que no hay tiempo que perder. Que esta semana, ya, el presidente decida su estrategia, y ¡adelante!(O)