Un amplio ajuste en el sector público fue establecido en el Decreto 135 firmado por el presidente Lenín Moreno. La medida, que alcanza tanto a las entidades del Ejecutivo como a las empresas públicas, rige desde el pasado 1 de septiembre.

Entre los ajustes está la unificación de la escala remunerativa del personal de las empresas y banca pública a la del sector público. Además, como ya había anunciado Moreno, a los funcionarios del grado 2 del jerárquico superior se le reduce un 10% del sueldo unificado.

En este tema se exceptúa a los directores y gerentes de hospitales, centros y unidades de salud. También a los miembros activos de Fuerzas Armadas, Policía y Comisión de Tránsito. Además se suspende el pago de remuneración variable por eficiencia para los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

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Asimismo, se eliminan las vacantes de todas las instituciones del Estado y se creará un banco de servidores (de acuerdo con parámetros técnicos) que estará a disposición del Ministerio de Trabajo para reasignar personal en otras entidades.

Adicionalmente, el decreto indica que se evaluarán las cargas de trabajo de los funcionarios y obreros para buscar una optimización en las dos grandes empresas: Petroamazonas y Petroecuador.

El Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Planificación (Senplades) analizarán la eliminación de instituciones de la Función Ejecutiva que no generen aporte significativo.

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Se hará, además, una racionalización del pago de horas extraordinarias y suplementarias, que podrá ser de hasta 30 horas al mes, y con justificación.

En la segunda parte del decreto se habla de una optimización del gasto de bienes y servicios. Así, se plantea que no se reconocerá el pago de viáticos por gastos de residencia.

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Habrá más control en los viajes al exterior. Y se buscará disminuir las movilizaciones internas de las autoridades dando preferencia al uso de las videoconferencias.

Se elimina la compra de pasajes aéreos premier, pero se los mantiene para miembros del gabinete y personal autorizado por la Secretaría General de la Presidencia. Se deben seleccionar las cotizaciones de pasajes de menor valor, dice la norma.

Se prohíbe la compra de autos de alta gama y se dispone la enajenación de los existentes, se podrán usar máximo dos vehículos todoterreno por unidad financiera. Se prohíbe a la Función Ejecutiva realizar eventos y capacitación en hoteles, hosterías y locales privados, salvo los debidamente autorizados.

Andrés Mideros, de la Senplades, adelantó que con las medidas, según los datos de la cartera de Finanzas, se espera ahorrar entre $20 millones y $ 30 millones; pero no especificó en qué periodo.

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El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, confirmó que estos valores son a “groso modo” lo que se estima de ahorro.

El decreto no aplica a las funciones Legislativa, Judicial y Electoral, pero les exhorta a aplicar las disposiciones. (I)