“Las víctimas de extorsión se encuentran bien y sus derechos se están respetando”. Esa fue la conclusión de la fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Claudia Romero, tras culminar dos días de la audiencia en la que presentó presuntas evidencias de extorsión en el interior del Centro de Rehabilitación Social (CRS-Turi).

Hasta el final, la Fiscalía mantuvo un dictamen acusatorio en contra de exautoridades del centro, a quienes consideró parte de una organización dedicada a extorsionar a los privados de la libertad. Se trataba de una agrupación “en cuya línea de liderazgo se encuentra precisamente el exdirector del CRS”, afirmó Romero al final de la audiencia.

“Para que exista una delincuencia organizada, existen las personas que lideran y las que también son partícipes, pero que no son líderes, son ejecutores”, resumió la fiscal.

Publicidad

Pero el abogado defensor del exdirector, Ítalo Palacios, considera que estas acusaciones son “errores en la investigación” de la Fiscalía, por lo que planteó un sobreseimiento.

El dictamen en el que la jueza Sonia Cárdenas determinará si llama a juicio o no a los 26 procesados y por qué delito se conocerá en los próximos días.(I)

Ministerio de Justicia

Publicidad

Comunicado Sobre este tema la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, emitió ayer un comunicado en el que, entre otras cosas, indicó: “Si alguien llega a cometer un exceso o se ve involucrado en una red como la del caso, el Ministerio no esperará y actuará con toda la fuerza de la ley”. (I)