Pagar para no ser golpeados o intimidados no era la única forma de extorsión en el interior del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur Turi (CRS-Turi). También había algunas personas privadas de libertad que se aprovechaban para quitarles a otros internos la comida y productos de aseo para revenderlos.

Cada interno tiene derecho a recibir un depósito de sus familiares para que se haga efectivo en la compra de comida en el economato oficial que existe en el interior de los diferentes pabellones; pero otros se aprovechaban de alguna necesidad para quitarles esta comida y revenderla dentro de una celda como una tienda paralela al doble del costo regular.

Esa forma de extorsión se reveló ayer por Claudia Romero, fiscal de la Unidad de Transparencia, durante la exposición realizada en la audiencia de formulación de dictamen y preparatoria de juicio, que se inició el pasado lunes contra 26 internos del centro de reclusión de Turi, en las afueras de Cuenca.

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Cristian Torres, defensor público del Azuay, quien patrocinó a 11 procesados, aseguró que “la extorsión es un pan de cada día en las prisiones, situación que antes se la conocía como ‘prendas’, con la diferencia de que en las cárceles antiguas circulaba dinero”.

A uno de sus defendidos, alias Pilligua, se lo acusó de tener una tienda paralela; sin embargo, defendió al procesado con el argumento de que no se demostró que se forzó la compra. Mientras, en los pasillos de la Unidad Judicial algunos abogados decían que eso era un “emprendimiento”.

El delito por el que la Fiscalía acusó a los 26 procesados fue delincuencia organizada, modalidad extorsión; pero este fue rebatido por todos los abogados defensores durante la audiencia con el argumento de que no se pudo demostrar una organización delictiva estructurada.

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Algunos sí aceptaban la supuesta extorsión y pidieron a la jueza de la Unidad Penal, Sonia Cárdenas, que cambiara la figura legal por la que se los acusaba. “Se puede confirmar la extorsión, pero no se puede hablar de una delincuencia organizada”, afirmó Torres. El proceso siguió hasta la tarde. (I)

Red de internos
Accón judicial

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Operativo
Este caso se inició el 9 de marzo pasado tras un operativo policial denominado
efectuado en seis provincias. La instrucción fiscal terminó el 10 de julio.

Dictamen
Se espera tener un dictamen en el transcurso de esta semana, tras la recepción de las versiones.