Los indicios de responsabilidad penal que se derivan de un informe de Contraloría luego del análisis del proceso de contratación para la importación de medicamentos, para las Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), llevan a que se abra una instrucción fiscal por el supuesto delito de peculado contra María Sol L., excoordinadora del IESS, y tres personas más que hacían parte de la Comisión Técnica que suscribió el contrato.

Este es la tercera instrucción fiscal que se le abre a la exfuncionaria del Seguro Social en menos de un mes. El 4 de agosto pasado se le abrió una instrucción por el delito de enriquecimiento ilícito público y el 1 de septiembre último otro proceso por tráfico de influencias. Todos relacionados con su paso por el IESS.

El fiscal Juan Carlos Zúñiga solicitó al juez Máximo Ortega abra una instrucción fiscal de 90 días bajo el presupuesto de que los cuatro procesados estuvieron relacionados con las irregularidades detectadas en el proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato realizado en 2012 entre el IESS y la empresa Bio Health Care, a un costo de $5'043.630,74.

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Para Fiscalía, María Sol L., como coordinadora nacional de gestión de Unidades Médicas del IESS; Bolívar B., director subrogante del IESS; y los vocales María S. y Galo C, fueron los integrantes de la Comisión Técnica que llevó el contrato con Bio Health Care. Zúñiga aseguró que el perjuicio para el Estado, según una pericia contable, sería de $343.607. 51.

Según Zúñiga, no se encontraría en el expediente para la contratación de Bio Health Care, el informe o el documento del análisis realizado y en base al cual se tomó la decisión más convenientes para los intereses institucionales del IESS. Además, la contratista no habría entregado dos medicamentos y un tercero lo entregó siete meses después a la fecha de recepción contemplada en el contrato.

Ortega definió prisión preventiva para María Sol L., mientras que a Bolívar B., Galo C. y María S. se definió la prohibición de salida del país, la presentación cada 15 días ante la Fiscalía y el uso del dispositivo electrónico de rastreo. (I)