En la mesa de Organización y Participación Ciudadana de la Asamblea Constituyente, trece asambleístas dieron origen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC), al que luego de diez años de existencia, desde el Ejecutivo se pide “fortalecerlo”, y otros, en cambio, desaparecerlo.

La Constitución de Montecristi le otorgó doce atribuciones, las principales, promover la participación, designar autoridades de funciones del Estado y luchar contra la corrupción.

Esta última era la más importante, dice Fernando Vega, quien lideró la mesa de Justicia en la Constituyente y ahora parte de la Comisión Anticorrupción. “La intención era (a la extinta Comisión de Control Cívico contra la Corrupción) fortalecerla, dándole mayor peso, haciéndola parte de los juicios, denuncias, pero se lo retiró de nuestra mesa. Luego se infló el tema de la supuesta participación...”. “Decían que eran de manos limpias, y un revolucionario no necesitaba controles”. “El Consejo ha cumplido la triste tarea de mediante concursos poco transparentes y dirigidos, proveer de autoridades”.

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Segundo Caiza fue veedor de la elección de Galo Chiriboga como fiscal, de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral y del superintendente de Control de Mercado. Su experiencia fue “agridulce”, “acceder a la información es limitada. El problema en el consejo son las leyes que rigen”.

La directora de Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, cree que el CPC debería eliminarse de la estructura del Estado: “Hay que retirarle de las manos políticas la designación de autoridades de control. Su objetivo era mejorar los niveles de independencia de poderes, y eso no se cumplió”.

Como respuesta, el vicepresidente del Consejo, Edwin Jarrín, defiende la institución, y asegura que los resultados dados “son positivos”. Ejemplifica que en el 2008 rendían cuentas 30 entidades del Estado, hoy lo hacen “más de 4.500”.

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Niega que los concursos de autoridades sean alineados al gobierno de turno, y asegura: “Hemos hecho concursos de méritos y oposición, me preocuparía que me digan que las autoridades tienen algún tipo de conflicto de intereses, no tienen los merecimientos, han dado mal examen”. Está de acuerdo con que los “fortalezcan”, como el pasado 2 de agosto planteó el jefe de Estado, Lenín Moreno, dándoles por ejemplo, “la facultad coercitiva para sancionar a las autoridades que no cumplen con la ley”. (I)

Trabajo realizado dentro de sus principales tareas
Avivar participación
Hasta marzo del 2015 se crearon 206 veedurías ciudadanas. Otras 214 en el nuevo periodo, y ocho más para vigilar los procesos de elección de autoridades. 12.383 personas se sumaron en acciones de promoción del derecho de la participación: eventos, diálogos y deliberaciones públicas, y se hicieron 159 procesos de fomento de la participación ciudadana. (I)

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Elegir autoridades
Han designado a 64 autoridades, de estas tres reelegidas: Diego García (Procuraduría), Ramiro Rivadeneira (Defensor del Pueblo) y Carlos Pólit (contralor que renunció y es acusado dentro del caso Odebrecht). Le falta nominar a los defensores de audiencias de los medios de comunicación, proceso que está pendiente desde el 2015. (I)

Contra la corrupción
Hasta el 2015 se presentaron 365 denuncias “represadas” y 33 que ingresaron a diciembre del 2016, según la rendición de cuentas del Consejo. De todas, el 38% tendría informe de “cierre”, las otras se “están procesando”. En la Contraloría se encontrarían 198 denuncias. En la Fiscalía otras 50; en las instancias judiciales, 90, y en otras entidades, 79. (I)