Sus historias, sus problemas y los anuncios no son nuevos, se repiten, dicen sus habitantes. Desde el año pasado, las miradas regresaron a las llamadas casas colectivas (bloques multifamiliares construidos en 1953) ubicadas en el cuadrante de las calles José Mascote, av. del Ejército, Pedro Vicente Maldonado y Gómez Rendón, en el suroeste de la urbe.

En 2016, entes del Gobierno central hablaron de planes de intervención, demolición, desalojo, regularización y reubicación.

El anuncio que generó más polémica entre sus residentes fue el de la construcción de un centro médico materno infantil en esos terrenos, que expuso en septiembre de ese año Juliet Erazo, directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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El tema volvió a retomarse el martes pasado cuando Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IESS, confirmó la construcción de un centro materno infantil de emergencias. Aquella noticia los tomó por sorpresa, afirman.

“Nadie nos ha dicho nada, nos enteramos por los medios de comunicación”. “Siempre dicen lo mismo y todavía no nos pueden sacar, porque no tenemos a dónde ir a vivir”. “Esta edificación es una reliquia, deben solo mejorarla”. “Queremos pagar (alquiler y servicios básicos), pero no nos quieren cobrar”, son las frases que se repiten entre sus residentes.

En marzo del 2016, el entonces gobernador del Guayas, Julio César Quiñóñez, dijo que en un censo del 2014 identificaron que 689 personas habitaban en 384 departamentos.

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Pero los representantes de la Asociación de Inquilinos Casas Colectivas de Gómez Rendón contabilizaban –hasta antes del nuevo censo que les hicieron en 2016– entre 1.400 y 1.500 personas que vivían, el año pasado, en los cuatro bloques de estas dos edificaciones.

Ellos hablan de alrededor de 360 familias, entre las que constan dos refugiados, niños con síndrome de Down, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

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Según Samuel Morán y Eugenia Campos, presidente y secretaria, en su orden, de la directiva de habitantes, la Gobernación del Guayas aún no les entrega los resultados del censo del año pasado, que habría durado menos de hora y media y en el que, sostienen, no fueron visitadas todas las familias, pues unas estaban trabajando.

Ellos reconocen que hay familias que sí tendrían dónde vivir, que serían menos de 50. No así el resto. Alegan que tienen recibos de pagos del alquiler de los departamentos (hasta el 2005) y que desean regularizarse y cancelar mensualmente los servicios básicos, como energía eléctrica y agua potable. No obstante, dicen, las autoridades no les darían solución.

El problema es social. Aquí no hay invasiones, no hay hacinamiento porque incluso se les ha dado dos departamentos a las familias grandes (entre 6 y 7 personas). No hay venta de drogas”.Eugenia Campos, Habitante

Pese a que no pagan actualmente el servicio de agua potable (aducen que no les quieren cobrar), el líquido les llega normalmente. Para la luz, se conectan ilegalmente. “Tenemos que robar luz, no queda de otra, no nos quieren solucionar el problema”, sostiene un habitante.

Las mejoras de las casas, como la pintura, corren por cuenta de cada familia, dicen. El año anterior hubo un plan estatal para pintar las fachadas, pero no se lo hizo por el anuncio de la demolición, agregan.

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Los dirigentes descartan la presencia de bandas delincuenciales y hablan de las mejoras en temas como seguridad ciudadana, pues tienen apoyo diario de la Policía, refieren. (I)

Reubicación
Sería en plan estatal Cuando Richard Espinosa confirmó, el martes 29, la noticia de las casas colectivas, adelantó que se reubicará “a la gente aprovechando el plan Toda una Vida”, del presidente Lenín Moreno, que incluye Casas para Todos, con el que se pretende construir 325.000 viviendas a nivel nacional, en cuatro años, para quienes no tienen. (I)

360 Familias vivirían en casas, según datos de habitantes.