Romel Jurado, abogado y coautor de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada en 2013, reconoce, vía e-mail, que el derecho a la réplica no fue bien aplicado en normativas secundarias y por la Supercom.

El presidente Lenín Moreno pidió a la Supercom que tenga un carácter menos sancionador, ¿cómo evalúa la acción de esta entidad en los primeros cien días de Moreno en el poder?

El “carácter” de toda entidad de control está determinado por las competencias y atribuciones que se establecen en la ley. En ese sentido, creo que el mensaje del Presidente Moreno a la Supercom es para que no permita que ningún poder, público o privado, instrumentalice a este organismo para sancionar a un medio de comunicación por motivos ajenos a la protección de derechos de los ciudadanos. Esto no significa que la Supercom deje de cumplir con sus deberes y atribuciones legales.

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Sin embargo, creo que las múltiples interpelaciones que ha sufrido esta institución y su titular, especialmente en estos cien días, tanto desde poderosos actores políticos como mediáticos y económicos, han motivado que este organismo reduzca su proactividad en la detección y procesamiento de infracciones, y se concentre más en actividades de promoción de derechos, de artistas nacionales y del equilibrio para la difusión de música nacional.

Los procesos que la Supercom ha iniciado de oficio y las sanciones pecuniarias se han reducido en estos cien días, ¿a qué lo atribuye?

Desde mi perspectiva, esto se debe a varios factores 1) hay otros actores dirigiendo las instituciones del Estado; 2 el Presidente Moreno ha instaurado una estrategia de relacionamiento, entre las tales instituciones y los medios de comunicación, diametralmente opuesta a la que sostuvo el expresidente Correa; 3) Los grandes medios de comunicación no han dirigido grandes ataques al Presidente Moreno o sus principales aliados; 4) La atención de la prensa se ha centrado en los escándalos de corrupción que, real o presuntamente, han realizado funcionarios del régimen anterior.

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Estos factores confluyen para que los representantes de las instituciones del Estado no presenten pedidos de réplica y rectificación en estos primeros cien días y, por otra parte, los exfuncionarios cuestionados por la prensa tienen demasiados problemas como para impulsar una denuncia ante la Supercom. Finalmente, también están las reiteradas interpelaciones hechas a la institución y a su titular, que ya he mencionado.

Se ha cuestionado que la Supercom sea la que sentencie los casos que ha iniciado de oficio, es decir, sea juez y parte. ¿Cree que debe cambiarse esta forma de procesar los casos?

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En primer lugar, hay corregir el error de decir que la Supercom es un Juez y que emite sentencias, porque eso afecta a la comprensión que los ciudadanos tienen de esa institución y su labor. La Supercom es en realidad un órgano de control administrativo que emite resoluciones administrativas. Por otro lado, la capacidad legal de actuar de oficio para detectar una infracción administrativa, procesarla y sancionarla es común a todas las Superintendencias como la de Bancos, de Control del Poder de Mercado, de Compañías, de Información y Comunicación etc.

Por lo tanto, el problema no está en la regla jurídica que permite este procesamiento administrativo, sino en el uso inadecuado que se pueda hacer de esta regla para obtener ciertos resultados u objetivos políticos, o incluso económicos, como en el caso de las instituciones financieras. Además, es preciso recordar que las resoluciones administrativas de todas las Superintendencias, incluyendo la Supercom, que contengan una sanción, se pueden impugnar ante el Contencioso Administrativo y, también se pueden interponer acciones constitucionales destinadas a impedir sanciones injustas o usos abusivos de la potestad de control y sanción de la Supercom.

Finalmente, debo señalar que buena parte de las defensas legales presentadas por los medios de comunicación en los procesos administrativos ante la Supercom son de baja y mediana calidad técnica, y esto también incide en que finalmente se sancione a los medios, los cuales, en la mayor parte de casos, optan por resignarse y no impugnar las resoluciones sancionatorias, con lo cual, envían el mensaje de que están aceptando que cometieron la infracción y que se conforman con la sanción.

El manejo de la réplica también es cuestionado...

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Debo reconocer que tiene usted razón, en mi opinión la normativa secundaria y la práctica institucional han rebasado y desfigurado el sentido y el alcance que la Ley de Comunicación estableció para el derecho de réplica. Desde mi perspectiva, el alcance originario de este derecho era proteger a los ciudadanos aludidos en medios de comunicación, a quienes el medio no les haya dado la oportunidad de contar su propia versión de los hechos noticiados, siempre que tales alusiones lesionen su dignidad, honra o reputación.

En ese sentido, la réplica no puede versar sobre asuntos ajenos a la alusión realizada en los hechos noticiados, ni puede servir para hacer ataques políticos o personales a los periodistas que elaboraron la nota o el medio que la publicó, solo procede cuando las alusiones lesionan los derechos señalados. Además, no es legítimo ampararse en el derecho de réplica si el medio de comunicación le formuló el pedido de entrevista al aludido y éste no atendió tal pedido de ninguna forma. Por excepción, cabe pedir réplica si el ciudadano le pidió al medio un plazo razonable para dar su versión, y el medio decidió no esperar y publicó la nota.

Lastimosamente la normativa secundaria no recogió el espíritu originario de la Ley de Comunicación, y eso permitió que varias instituciones del Estado, durante la última parte del gobierno anterior, solicitaran y obtuvieran resoluciones administrativas de réplicas obligatorias, con los excesos y distorsiones que usted señala.

Las instituciones del Estado han concentrado su pauta en los medios públicos sobre todo desde la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). ¿Cuál ha sido el objetivo de esto? ¿se ha dicho que con ello se busca desfinanciar a los medios privados críticos con el poder?

En mi opinión, efectivamente los medios de comunicación privados han sufrido una importante reducción en sus ingresos por venta de espacios publicitarios, pero creo que las causas van más allá de su señalamiento.

En primer lugar, la pauta pública se redujo porque la Secom implementó una política de cadenas de radio y televisión obligatorias y gratuitas para comunicar el accionar del Ejecutivo y de las principales instituciones del Estado, por tal razón ya no era necesario contratar pauta pública en los medios privados ni en los públicos.

En segundo lugar, los enlaces sabatinos, aunque no eran obligatorios, si fueron transmitidos gratuitamente por medios privados, púbicos y comunitarios, lo cual también disminuía la necesidad de pautar publicidad.

En tercer lugar, los derechos de transmisión del fútbol fueron adquiridos por canales incautados por un largo período y eso concentraba la publicidad de algunos anunciantes en esta programación excluyendo a otras grandes cadenas de medios.

En cuarto lugar, muchos de los recursos públicos destinados a publicidad fueron destinados a producciones “independientes” de documentales, vallas, folletos, banderines, camisetas y muchos artículos más.

En quinto lugar, los controles legales e institucionales establecidos para proteger a los niños, niñas y adolescentes de contenidos comunicacionales inadecuados en horario familiar, sacó publicidad de programas de entretenimiento, novelas y concursos que pasaron a otros horarios de difusión.

En sexto lugar, tenemos a la prohibición de publicitar bebidas alcohólicas (especialmente cerveza) y cigarrillos en los medios de comunicación.

En séptimo lugar, a partir de 2016 la economía sufrió una contracción importante que todavía se mantiene, y en esos casos, uno de los primeros rubros que recortan las empresas es la publicidad. Finalmente, la poca pauta publicitaria que todavía realiza el Estado es colocada de forma antitécnica y a veces para compensar la cobertura y trato favorable que, ciertos medios privados, dan a las alcaldías, prefecturas e instituciones estatales con presupuesto para publicidad, excluyendo así a otros medios de comunicación privados que son críticos y también a los que no lo son.

Sin duda, el Estado debe velar por el consumo responsable de productos saludables. Pero en la práctica lo que ha ocurrido es que con las regulaciones establecidas en la LOC se ha minado el financiamiento de medios que son críticos con el poder. ¿Cómo evitar que el poder de turno use esta política para que los medios críticos con ese régimen se queden sin financiamiento?

Desde mi perspectiva, la regulación sobre la publicidad de bebidas y alimentos que pueden ser perjudiciales para la salud no es el instrumento para coaccionar a nadie, ni ha servido en la práctica para tal fin antes, y, menos aún, ahora. Primero porque no se ha cumplido con la ley y, segundo, porque los medios de comunicación siguen pautando publicidad de estos productos, sin colocar, al menos, el semáforo que permite saber si los productos publicitados son altos en grasas, sal o azúcar.

Por otra parte, creo que su pregunta carece de sentido democrático porque, en el fondo, insinúa justificar que el Estado debe mirar para otro lado o eliminar las restricciones legales a esta publicidad, aún a costa de la salud de los ciudadanos, si con ello se consigue darle sostenibilidad financiera a los medios de comunicación, en especial a los que son críticos con el gobierno. Y me parece que ese planteamiento es inaceptable.

Finalmente, los medios de comunicación privados son empresas, que juegan con las reglas de mercado como ellas mismas han señalado reiteradamente, y quedarán en pie todas aquellas que gocen de la sintonía y lectoría de sus audiencias. Es decir que, sobrevivirán los medios que, al final del día, tengan consumidores que ofrecer a los anunciantes, pues ese es su negocio al vender publicidad. A menos de que admitan que la comunicación social es un bien público, aunque los gestionen actores privados, y entonces reclamen el derecho a pedir la ayuda del Estado para sostenerse, ya sea vía subvenciones o eliminando controles legales para que puedan aumentar sus ingresos. (I)