Una indemnización al Estado por $36.8 millones, el decomiso del barco chino Fu Yu Leng 999 y la aplicación de la máxima pena a la tripulación, forman parte de las acciones que reclaman las autoridades galapagueñas.

Hoy se realizó el primer día de audiencia en un juicio directo contra 20 ciudadanos chinos que fueron detenidos el 12 de agosto con una pesca de 300 toneladas de tiburón martillo, que está en peligro de extinción.

Según explicó la ministra del Consejo de Gobierno de Galápagos, Lorena Tapia la cantidad se determinó en base a los análisis del costo de un tiburón martillo, y aclaró que el reclamo lo planteó el Parque Nacional Galápagos.

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A propósito de este suceso, los habitantes de Galápagos concentrados en Puerto Ayora (Isla Santa Cruz) realizaron la tarde de este viernes una manifestación rechazando la pesca de especies protegidas.

Con cartelones pedían a China respetar las islas, dibujaron tiburones martillo en cartones y hasta los miembros del parque Nacional Galápagos llevaban una gigantografia que decía "¡Qué vergüenza China!".

Al llegar la marcha hasta el malecón de Puerto Ayora, las autoridades locales exhortaron al Estado chino su pronunciamiento sobre este grave incidente dentro de la reserva Marina de Galápagos

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Exigen considerar la participación de organizaciones no gubernamentales o locales que apoyen al combate de la pesca industrial ilegal.

Otra de las acciones que exigen es declarar a los ecosistemas marinos como capital natural, para garantizar la sostenibilidad de este patrimonio natural de la humanidad.

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Este manifiesto de las autoridades locales de Galápagos plantea que se active de manera urgente el consejo consultivo establecido por la ley de Régimen Especial de la provincia de Galápagos.

Autoridades locales y ciudadanos prevén asistir la próxima semana a Quito, y participar incluso de la sesión convocada por la Asamblea nacional para este martes para tratar este tema. (I)