Dieciocho asambleístas y 46 que ya no lo son deben justificar el pago de horas extras pagadas a asesores y administrativos.

La orden, que fue incluida en el Plan Anual de Control y que inició el 17 de abril pasado, se aplicará al periodo noviembre del 2011 y diciembre del 2016.

Según Contraloría, la acción se inscribe en otra solicitada el 28 de marzo pasado, por la entonces titular de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira.

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Tras el cambio de gobierno, de asambleístas y de contralor, el 22 de junio, el presidente de la Asamblea, José Serrano, pidió extender el examen, “considerando que la ejecución presupuestaria en la administración de Rivadeneira continuó del 1 de abril al 14 de mayo del 2017”, señala su pedido.

Se tomó una muestra de 420 servidores. De allí se determinó que debe ser aclarada la información de 91 que trabajaron para los 64 asambleístas. (I)