El juez de la Unidad de Garantías Penales con competencia en Infracciones Flagrantes, Juan Salas, puso en duda el delito de enriquecimiento privado no justificado por el cual se investiga a la esposa del exministro Ramiro González, Carmen G., y por eso no dictó prisión preventiva contra ella, sino medidas sustitutivas.

El juez sustentó su decisión en la exposición del abogado Esteban Ballesteros, quien dijo que una parte del dinero de Carmen G. proviene de “herencias”. “Considero existen dudas sobre la posible autoría del delito cuando se ha justificado un manejo histórico de altas sumas de dinero en razón de herencias”, señaló.

En la audiencia de formulación de cargos que se realizó la noche del viernes, Salas dictó la prohibición de salida del país de Carmen G., así como presentaciones una vez por semana ante el fiscal que conozca la causa, colocación de un dispositivo electrónico de vigilancia. Además la retención de las cuentas bancarias en la totalidad de los valores que Carmen G. mantenga en las entidades financieras del país, la incautación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos a partir del año 2014 y su libertad.

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Sobre los recursos, Ballesteros expresó que Carmen G., junto a cinco hermanos, ha heredado de sus padres haciendas, casas y otros bienes, valores que desde el 2011 entran en la cuenta que tenía con González, y se usan para invertir en el Banco Pichincha y otros, compran acciones en La Favorita y otras, formar una compañía del fruto de la palma africana, de la cual es gerente con sueldo y tiene otros ingresos por ganado.

“Los bienes muebles... vienen de (otros) años, pero del $ 1’250.000, fueron de los réditos que venían de (otros) años. También... de las ganancias de las empresas”, declaró.

La fiscal Claudia Romero expuso las cifras de la declaración de impuesto a la renta de Carme G. y en relación de dependencia con la empresa Redoil, tomando como fuente un informe del Servicio de Rentas Internas. (I)