Un diálogo que incluya a “las opiniones contrarias” con la disposición a ceder posiciones ha sido parte medular del discurso del presidente Lenín Moreno durante sus primeros tres meses en el poder, que se cumplen el jueves. “No es un todo o nada”, dijo en su posesión el 24 de mayo.

Y atado a ese diálogo, hoy en curso, Moreno ha dejado abierta la posibilidad de una consulta al pueblo, como lo planteó el 2 de agosto pasado, cuando se dirigió a los prefectos: “Cada vez que el pueblo lo requiera debe ser consultado” sobre si el gobierno de turno debe “seguir representándolo o irse a su casa y si aquella acción que está tomando es positiva o negativa”, indicó entonces.

“Es por eso que tenemos que fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS, que designa a los titulares de los organismos de control mediante un concurso de mérito y oposición) para que lo sea..., para que no se equivoque....”, añadió. Son declaraciones que han dado luces sobre la hoja de ruta que puede usar el primer mandatario para reformar la misma Constitución, una de las demandas planteadas en el documento Carta de Guayaquil del 8 de agosto anterior.

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Es un pedido que, sumado al de las bancadas de la oposición en la Asamblea, converge en dotar de independencia a la institucionalidad del Estado.

En busca de institucionalidad

Santiago Basabe, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (sede Quito), asegura que la falta de institucionalidad es un problema estructural desde que se instauró la República en 1830. Y que hay dos condiciones que no permiten que esta sea independiente del poder de turno.

La primera es que en el país no se ha consolidado que las reglas sirven para facilitar la vida y que cumplirlas es una muestra del ser ciudadano. “La idea que siempre ha existido es que las reglas sirven en la medida en que me beneficien y en la medida en que las circunstancias en las que estoy dan cuenta de usarlas. Cuando según las circunstancias mías no me conviene usarlas, entonces hay que evadirlas, pasarlas por alto...”, señala.

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A ello se suma, según el penalista especializado en derecho constitucional Alfonso Zambrano Pasquel, que la actual Carta Magna es producto de una jugada hábil por el blindaje que tiene. “Si bien no se puede afirmar que ha sido escrita en piedra, el mecanismo de reforma constitucional que implique un cambio de la estructura del Estado debe pasar por la vía de una Constituyente, lo que vuelve el tema muy complicado”, indica.

En un momento el fiscal provenía de una terna del presidente, en otro el reparto de poder era en función de la representación del parlamento”.Alfonso Zambrano, Jurista

Las reformas planteadas por la oposición y los cambios mencionados por Moreno están en compás de espera frente a las investigaciones por corrupción y la anunciada crisis económica.

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Mecanismos de diálogo

Pero parte de los plazos que tiene el régimen para concretar la reforma han surgido de los mismos diálogos. Esta semana, por ejemplo, se dio en Guayaquil la novena reunión de la mesa de Comercio del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. La ministra de Industrias, Eva García, dijo que en octubre tendrán lista la hoja de ruta para presentarla al presidente Moreno sobre los cambios por implementarse tras los acuerdos logrados.

Los líderes de las bancadas de la oposición en la Asamblea coinciden en que la salida más viable es que Moreno convoque a una consulta popular con tres objetivos: la eliminación del CPCCS, de la reelección indefinida y de la enmienda que determinó que la comunicación es un servicio público.

La asambleísta Wilma Andrade (ID) señala que la consulta es “el mecanismo más idóneo”. Lo mismo creen los asambleístas Henry Cucalón (PSC) y Guillermo Celi (SUMA). Hacerlo vía Asamblea, en los términos que pide la oposición, sería poco factible frente a la mayoría de AP.

“La consulta debe ser convocada por el presidente porque tiene facultades para hacerlo y reformar la Constitución..., si no habrá que hacerla por iniciativa ciudadana”, indica Cucalón.

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¿Hacia un reordenamiento del CPCCS?

El coordinador del Frente Anticorrupción creado por Moreno, Xavier Zavala, también asegura que se debe analizar un posible reordenamiento de la Función de Transparencia y Control Social: “Es evidente que debemos repensar, ya sea vía reformas legales o plantear algún tipo de reforma constitucional”.

Zavala dice que en dos meses tienen previsto presentar a Moreno un documento con recomendaciones de políticas y reformas legales. “Eventualmente pudiéramos sugerir posibles temas constitucionales, pero el mecanismo deberá decidirlo Lenín Moreno”, señala.

Plantear esta reforma al país sería una muestra de que Moreno pase a la acción, expresa el jefe de la bancada de CREO, Roberto Gómez, quien cree que hasta ahora el anuncio de cambios se ha quedado en el discurso y pone ejemplos: “Se ha quedado corto cuando dice que va a mantener la dolarización, pero no modifica el Código Orgánico Monetario y Financiero para impedir que haya una emisión inorgánica...”.

Celi, por su parte, considera que “el CPCCS ha sido un amague, una simulación de participación ciudadana de lo que ha sido el instrumento del hiperpresidencialismo para ubicar en los organismos de control a amigos y excolaboradores del correísmo”.

La bancada de SUMA apunta a que la designación de los organismos de control debe estar en manos de la Asamblea. Pero, ¿qué evitará que los partidos dominantes se repartan las cortes y el resto de organismos como ocurría antes del 2006?

Celi afirma que la diferencia sería “un proceso de mérito y oposición a través de una Comisión de la Asamblea que designe con participación efectiva de la ciudadanía”; mientras que Andrade cree que el anterior, aunque no era el mejor, servía más. “Un ejemplo era en el organismo electoral, antes los consejeros eran representantes de los partidos y esto permitía un control de unos a otros..., las organizaciones por el propio interés de ganar elecciones transparentes controlaban todo”, indica.

Algunos de los asambleístas de AP han dicho que eliminar el CPCCS y la reelección indefinida es un planteamiento que altera la estructura del Estado, por lo que, según ellos, solo puede concretarse a través de un proceso constituyente.

A lo mejor no hemos fortalecido lo suficiente (al C. de Participación) como para que tenga los elementos para que desarrolle su actividad”. Lenín Moreno, presidente de Ecuador (2 de agosto)

Es el mismo debate que se dio en 2015 cuando la oposición decía que establecer la reelección indefinida implicaba un cambio estructural del Estado, pero los miembros del movimiento oficialista lo negaban y dieron paso a la reforma de la Carta Magna, vía enmienda, con la mayoría de las dos terceras partes de AP en la Asamblea Nacional.

Basabe afirma que estas realidades evidencian el manejo del marco jurídico para acoplarlo según los intereses de quienes están en el poder. Aquello, agrega Basabe, es una consecuencia de que nunca ha estado presente la idea de vernos como ciudadanos iguales entre sí. “El principio básico de una regla, de una institución, es que todos somos iguales ante la ley, pero eso en el país no existe, si no te observo a ti como igual entonces tampoco la ley debe aplicarse a los dos en la misma medida y los actores políticos son el reflejo de esa sociedad”, indica. (I)

33
Proyectos de ley se han presentado en la Asamblea, de los que tres han pasado, dos planteados por el expresidente Correa.

2
Procesos de cambio ha tenido la Constitución actual, por referéndum (2011) y vía Asamblea Nacional (2015).