Cerca de una hora demoró el reconocimiento de la suite 156, ubicada en la Torre B de un hotel al norte de Quito, donde aparentemente Odebrecht entregaba dinero, a modo de coimas, a funcionarios públicos y empleados privados que eran nexo para obtener contratos con el Estado. La pesquisa se dio dentro de la instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita.

Cuatro agentes acompañaron en la diligencia a la fiscal Diana Salazar. En este caso hay siete procesados, entre ellos, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas.

El reconocimiento ocurrió a cinco días de que Galo Pozo y Jenny Sorensen, propietarios de la suite, rindieran una versión en la Fiscalía. Ahí confirmaron, según su abogado, Ángel Echeverría, que ellos alquilaron el inmueble a Odebrecht por un año, pero que no sabían las actividades que realizaban.

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Por otra parte, desde el lunes último corren los diez días que tienen de plazo los peritos que fueron designados para analizar y extraer la información contenida en más de 30 dispositivos electrónicos incautados en allanamientos a oficinas, viviendas y empresas relacionadas con los procesados.

Juan Carlos Quintana, abogado de Carlos V., asegura que en este proceso existirá una nulidad y anticipa que no se podrá comprobar el delito de asociación ilícita.

A él le llama la atención que se habla de un pacto ilícito para delinquir, pero que hasta el momento no se haya llamado a declarar a los funcionarios de Odebrecht, empresa que habría originado el delito. (I)