Desde el 22 de junio de 2011, cuando el gobierno de Rafael Correa presentó la Ley Orgánica de Discapacidades para su aprobación en la Asamblea, se han presentado cuatro proyectos de reformas y un proyecto de Ley Interpretativa.

La secretaria técnica del Plan Toda una Vida, Irina Cabezas, no descarta que, luego de realizar el Registro Social en un lapso de dos años, también se propongan cambios a la ley, que los considera necesarios, con el aporte de las personas con discapacidad.

De los proyectos que reposan en la Asamblea, ninguno ha sido aprobado. Sin embargo, el reglamento emitido por el Ejecutivo, en el 2015, sí fue cambiado tras un fallo de la Corte Constitucional el pasado 7 de junio a favor de una demanda interpuesta por la exasambleísta María Cristina Kronfle.

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El primer artículo de esta normativa establecía que el porcentaje para determinar que una persona tiene discapacidad era a partir del 40% y los individuos con ese rango de discapacidad eran acreedores a derechos como, por ejemplo, descuentos tributarios.

Luego de la sentencia de la Corte por considerar que ese artículo era regresivo, este porcentaje quedó en 30, permitiendo que más de 73 mil ciudadanos puedan exigir la restitución de estos derechos. (I)