Teresa de Jesús Morales, docente jubilada de Tungurahua, marchó ayer, junto con varias decenas de miembros de la Coordinadora de Maestros Jubilados, desde la Plaza de San Blas, con el objetivo de llegar hasta la Plaza Grande.

Ella pedía que se le cancelara su bono o incentivo jubilar tras 40 años de trabajo. Sin embargo, en la calle Guayaquil (a dos cuadras de Palacio) se encontró con vallas metálicas y decenas de policías que impidieron su paso. Ella y sus compañeros no lograron llegar y más bien fueron reprimidos por policías.

“No somos delincuentes, somos jubilados”, gritaban mientras la Policía los obligaba, a empujones y liberando un poco de gas pimienta, a moverse y dejar libre la vía. El gas causó por pocos minutos malestar a las personas de la tercera edad, que no paraban de toser. El uso de la fuerza fue rechazado por los maestros y la ciudadanía que por ahí transitaba.

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Un policía informó que la orden era desalojarlos, pues impedían el libre paso de las personas que viajaban en trole.

Minutos antes un grupo de 15 dirigentes había sido invitado a la Secretaría de Gestión Política para hablar con Paola Pabón.

Según Raúl Yánez, uno de los manifestantes, los dirigentes fueron recibidos por Christian González, subsecretario de la Política, quien les ofreció que el miércoles se les entregaría una propuesta, que será debatida en asambleas provinciales de los maestros.

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Durante su plantón, los maestros rechazaron el pago del incentivo con bonos. Este fue decidido por el Gobierno ante la falta de liquidez, y con el afán de resolver un problema que se generó en el anterior gobierno desde el 2008.

El régimen ha dicho que la deuda con los maestros llega a $1.123 millones y que han pedido un crédito de $ 150 millones para pagar en efectivo a los mayores de 70 años. Pero los menores recibirían parte en efectivo y en papeles. (I)