La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, la funcionaria chavista de mayor rango que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, rechazó este martes comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que decidirá si es sometida a un juicio que llevaría a su destitución.

"No acudí al TSJ, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada", declaró Ortega, en un pronunciamiento ante la prensa en la sede del Ministerio Público.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- inició a las 10:00 locales (14:00 GMT) de este martes la audiencia en la que se determinará si Ortega incurrió en "falta grave" para su remoción.

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El diputado oficialista Pedro Carreño argumentará su solicitud de antejuicio para la fiscal, a quien acusa de "mentir" al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.

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Pero la audiencia podría sufrir alteraciones porque la fiscal recusó a 17 magistrados de la Sala Plena, en tanto que el TSJ tiene previsto emitir antes una declaración sobre "temas de interés nacional".

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Los alrededores del TSJ amanecieron este martes custodiados por la militar Guardia Nacional.

Apoyada por la oposición y por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, responsabilizándolo de la "ruptura del orden constitucional", que denunció tras fallos del TSJ que minaron al Poder Legislativo, bajo control opositor.

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"No descansaré hasta que Venezuela recobre el camino de las libertades", prometió esta abogada de 59 años, en un mensaje al país en víspera de la audiencia.

La arremetida del gobierno en su contra caldeó aún más la profunda crisis política e institucional del país, sumido en el colapso económico y desde hace tres meses en una ola de protestas opositoras, que dejan 89 muertos.

Plebiscito anti-constituyente

En lo que llamó la "hora cero" que marcará una "rebelión" masiva contra Maduro, la oposición convocó el 16 de julio un plebiscito simbólico contra una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, dos semanas antes de su elección.

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Este martes la oposición trancará calles de todo el país durante seis horas en rechazo a la Constituyente.

Desafiando al gobierno, la fiscal emprendió una batalla contra esa Constituyente, por considerar que violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Me dan asco los traidores y traidoras, que pretendan hablar en nombre del comandante Chávez y salgan a apoyar a los violentos (opositores)", dijo Maduro.

Para el politólogo Luis Salamanca, Ortega busca quitarle a Maduro "la fuente de legitimidad que da Chávez", lo que llevaría a una mayor fractura en el chavismo y lo dejaría "muy debilitado".

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Carreño pidió también al TSJ evaluar la salud "mental" de Ortega y, a solicitud suya, el máximo tribunal le impuso prohibición de salida del país y congeló sus cuentas y bienes.

Como preámbulo a la audiencia, el TSJ consideró en "desacato" a Ortega al anular el lunes la citación que hizo contra dos generales de la Fuerza Armada, acusados de violar derechos humanos durante las protestas.

Vinculada también al oficialismo, la Contraloría inició una auditoría al señalar a la gestión de Ortega de posibles irregularidades administrativas.

Radicalización de la crisis

Analistas dan por descontado que habrá juicio contra la fiscal, pero su destitución sólo puede decidirla el Parlamento, lo que augura un nuevo episodio en la crisis.

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De pie y con aplausos, los opositores la recibieron el lunes en el Parlamento, donde Ortega llamó a luchar por "la restitución" de la democracia y el Estado de Derecho.

Pero aunque el Legislativo se niegue a destituirla, sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición lo controla en enero de 2016. (I)