Funcionarios de la oposición de México fueron blanco de espionaje del Gobierno

El escándalo de espionaje en México contra periodistas y activistas de derechos humanos se agravó el jueves, cuando varios expertos confirmaron que miembros de un importante partido opositor fueron blanco del spyware israelí que se vende exclusivamente a gobiernos.

Después de que surgió el escándalo la semana pasada, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) pidió al Citizen Lab de la Universidad de Toronto, una organización que monitorea internet, que investigara los mensajes sospechosos que llegaron a sus celulares.

El PAN es el partido de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

Citizen Lab presentó un informe el jueves en el que señaló que el presidente del PAN, su portavoz y el líder del partido en el Senado, recibieron mensajes de texto con vínculos del spyware.

Dicho software, conocido como Pegasus, es producido por la firma israelí NSO Group. La compañía dice que solo vende su producto a gobiernos y únicamente para su uso contra delincuentes y terroristas. El software convierte un celular en un dispositivo de espionaje y permite activar el micrófono y la cámara a distancia, además de acceder a todo su contenido almacenado.

“Este caso deja totalmente claro que el NSO se ha utilizado de forma amplia e imprudente contra una parte de la política y la sociedad civil mexicana”, dijo el coautor del reporte John Scott-Railton. “Una vez más, vemos software de espionaje ‘exclusivo para gobiernos’ utilizado para lo que parecen fines políticos”.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, negó la semana pasada las acusaciones de que el gobierno era responsable y prometió que iba a investigar lo sucedido. Medios locales informaron que existen documentos que muestran que el gobierno mexicano compró los derechos para utilizar el sistema de espionaje.

El reporte dice que el líder del Senado, Roberto Gil Zuarth, recibió tres mensajes en junio de 2016 con enlaces diseñados para instalar de forma desapercibida el software Pegasus en su celular.

“Conforme siguen apareciendo casos, está claro que este no es un caso aislado de uso indebido, sino una operación continuada que duró más de un año y medio”, añadió Scott-Railton.

Como en otros intentos contra periodistas y defensores de derechos y de los consumidores, los mensajes intentaban llamar la atención de las víctimas con cebos, como artículos que los mencionaban o la afirmación de que un amigo o conocido había muerto. En el caso de Gil Zuarth era sobre un artículo que lo mencionaba. Otro era sobre un deceso.

El presidente panista Ricardo Anaya recibió un mensaje en torno a la misma época. Aproximadamente un mes más tarde, el vocero del partido Fernando Rodríguez Doval recibió un mensaje. Para el funcionario, esto es propio de un régimen autoritario.

Aunque el informe no llegaba a conclusiones concretas sobre quién era responsable de la trama, señaló que en la época en la que se atacaron los celulares de las víctimas se estaba debatiendo una legislación anticorrupción en el Congreso.

El 19 de junio, Citizen Lab reportó que aunque no tenía pruebas concluyentes de la participación del gobierno en el envío de 76 mensajes de texto a 12 destacados activistas y periodistas, los afectados estaban investigando al gobierno o son muy críticos de éste; algunos habían denunciado casos de corrupción.

En una rueda de prensa el 21 de junio, Anaya dijo que ninguno de los tres había hecho clic en los enlaces por precaución.

“Lo que sí está claro es que sí intentaron descargar este spyware en nuestros teléfonos para espiarnos”, afirmó. “Es absolutamente inaceptable”.

“Condenamos enérgicamente esta forma de espionaje”, dijo, y aseveró que “vamos a ir hasta las últimas consecuencias en este caso” para asegurar que los responsables sean castigados.

El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, un destacado grupo defensor de los derechos humanos que ha investigado varios casos importantes de derechos humanos, ha dicho que sus miembros también fueron blanco del ataque. Otros objetivos fueron los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.

En febrero, Citizen Lab y sus socios publicaron un reporte donde detallan cómo expertos en alimentación y activistas contra la obesidad también fueron blanco de Pegasus.

Y el año pasado, el grupo expuso al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos por utilizar el software contra un prominente activista de derechos humanos. (I)