Atraían a los clientes a través de la compra de dinero fiduciario o moneda virtual para luego integrarlos a un sistema piramidal de generación de recursos económicos diarios. La empresa financiera, hoy bajo investigación, entregaba una tarjeta de débito a sus aportantes, quienes retiraban continuamente los “bonos”, que variaban según sus aportes.

Esa es la modalidad que fue descubierta por la Policía del Azuay que ejecutó desde el pasado viernes varios allanamientos en Cuenca y en Santa Isabel y capturó a cinco presuntos implicados en el delito de captación ilegal de dinero.

El general Carlos Cabrera, comandante de la zona 6, informó el sábado en rueda de prensa que entre los detenidos está la persona que se desempeñaba presuntamente como el gerente general de esta empresa financiera que registra varios antecedentes penales por estafa y tenencia ilegal de armas de fuego. Además, registra una boleta de captura por el presunto delito de asalto y robo de vehículos, emitida por el juzgado 12 de lo Penal de Pichincha.

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Según Cabrera, esta empresa aparentemente se habría radicado hace diez meses en Cuenca, donde difundió en primera instancia, a través de volantes, información sobre el funcionamiento de este sistema.

Ya en las oficinas de la entidad privada, ubicadas en sectores estratégicos, captaba diariamente dinero con una base desde 300 dólares en adelante y con una proyección de inversión a diez meses, dijo.

Cabrera señaló que en este transcurso el cliente podría recibir bonos diarios y mensual. “Las personas que ingresaban su capital percibían una determinada cantidad de dinero acorde a su aporte”, dijo.

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Según las primeras investigaciones, los clientes obtenían ganancias, de acuerdo con el pago diario, de $ 1.800, $ 16.800, $ 33.600. Entre las evidencias constan un vehículo Ford , trece computadoras de escritorio, diez computadoras portátiles, 26 celulares, 444 formularios de inscripción, tres agendas con registros personales y contactos y 66.841 dólares. (I)

Lo que dice la ley
COIP

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Captación ilegal de dinero
Según el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.