A $ 911 millones asciende la deuda por atenciones a pacientes con enfermedades catastróficas que ha realizado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entre el 2001 y el 2017. Ese rubro forma parte de la deuda de $ 2.878 millones que el Gobierno tiene con la entidad de Seguridad Social, de acuerdo a un informe que emitió la Contraloría esta semana.

¿Pero quién debe pagar estos 911 millones? El mismo día que se conoció el informe, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa –que dijo meses atrás que acataría dicho informe– indicó que del total de la deuda, el Gobierno central deberá pagar al Instituto $ 1.968 millones; mientras que los afiliados, los empleadores y el Estado los $ 910 millones restantes. También dijo que el mecanismo de pago se conocerá a través de un Decreto Ejecutivo, por lo que se reunirá con el presidente Lenín Moreno.

Esto, porque en el informe de Contraloría se indica que sobre este rubro debía existir reglamento para establecer el porcentaje de aportación de afiliados, empleadores y el Estado.

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El reglamento fue enviado por el Consejo del IESS a Rafael Correa, pero el exmandatario no le dio trámite.

Sin embargo, el propio presidente Correa había emitido el Decreto Ejecutivo 543 de enero del 2015, en el cual se indicaba que “hasta que se cree el fondo solidario para atención de enfermedades catastróficas, previsto en la Ley de Seguridad Social y se determine por parte de dicha institución los porcentajes de aporte obligatorio para los afiliados y empleadores, el Ministerio de Salud Pública... seguirá atendiendo a las personas que adolezcan de enfermedades catastróficas”.

Para la exintendenta Carmen Corral, el decreto deja sin piso las declaraciones de Espinosa y más bien aclara que el responsable de la atención de las enfermedades catastróficas es el Ministerio. Una vez que se cree el fondo solidario, entonces se determinarán porcentajes de contribución, dijo.

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Ayer, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que ha mantenido reuniones con Espinosa para validar la deuda de Salud. (I)