Nuevas acciones impulsan familiares de los menores de edad que sufrieron abuso infantil en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), tras la reparación simbólica que ocurrió el lunes 19 de junio en esa institución, donde fue evidente el descontento de los afectados. 

El caso se remonta a los años 2010 y 2011, cuando José N. era profesor de Ciencias Naturales en dicha Academia ubicada en el sur de Quito. Se detalla que José N. habría obligado a sus alumnos a ver películas pornográficas y luego a imitar esas escenas.

En el 2011, el profesor presentó la renuncia a la institución. Fue sentenciado en marzo del 2016 a siete años de prisión y al pago de $ 10.000 a cada víctima.

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Para Amparo Molina, representante de los familiares, no se cumplió a cabalidad con lo que se determinó en la sentencia.

La misma dispuso que sea notificada al ministerio de Educación para que el Estado establezca políticas públicas para conminar a las instituciones educativas privadas de estándares más altos para el ingreso del personal docente y administrativo.

Además, se dispuso que se ordene a la Academia que el aula que ocuparon los estudiantes afectados sea convertida en salón exclusivo de audio y video donde todos los años se impartan charlas de prevención contra la violencia infantil y se ponga una placa con la leyenda: “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”, que deberá ser colocada en una ceremonia pública, en un lunes donde haya invitados al evento, representantes del Ministerio de Educación, UNICEF en Ecuador, y padres de las víctimas.

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"La placa debía ser develada por la institución, más no por el viceministro de Educación, y frente a las víctimas, padres y familiares", adujo Molina.

La sentencia no establece disculpas públicas pero aún así para Molina "de alguna manera ellos debían admitir que hubo estos hechos en la escuela y por lo menos pedir las disculpas públicas".

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Una de esas acciones informó es ir a la Defensoría Pública en donde tenían previsto manifestar su inconformidad con la ceremonia.

Según Molina, las instituciones que estuvieron presentes en el acto público emitirán un informe sobre si se cumplió o no con la sentencia que será remitida al Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.

Entre las instituciones asistentes estuvieron la Defensoría Pública, UNICEF, ministerio de Educación, Fiscalía. (I)