El poderoso Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ), en los ojos del mundo por sus polémicas decisiones que han incidido en el nivel de violencia en el país, está marcado por la controversia desde su cabeza.

Maikel Moreno, su presidente de 51 años, un exoficial del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), estuvo dos años en prisión acusado de haber asesinado a una mujer en 1987; fue vinculado a otro homicidio en una balacera en 1989; fue acusado en casos de corrupción y fue quien ratificó la condena de 14 años al opositor preso Leopoldo López.

Ingresó a la Cancillería con Nicolás Maduro, posteriormente el Parlamento de mayoría chavista lo designó magistrado, en esas funciones rechazó extraditar a España a un terrorista de ETA; ordenó la liberación de un narcotraficante que era solicitado por EE.UU.; también avaló la decisión de archivar denuncias de corrupción contra el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

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Por ello, cuando en febrero pasado fue elegido presidente del TSJ, su nombramiento causó revuelo en el país petrolero, azotado por una severa crisis política y económica.

La polémica también marca a los 32 jueces titulares del máximo tribunal, ocho de los magistrados fueron militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) u ocuparon cargos con Hugo Chávez y el actual gobierno de Maduro. Entre los jueces también hay exfuncionarios del Gobierno o familiares de altos jerarcas de la revolución. En el caso de la Sala Constitucional, el principal frente contra el Parlamento, de mayoría opositora, cuatro miembros son chavistas “pura sangre”, publicó el medio colombiano elpais.com.co.

El actual TSJ nació en medio de la controversia cuando en diciembre de 2015 la entonces Asamblea de mayoría chavista, antes de despedirse tras el triunfo de la oposición, aprobó en sesión extraordinaria la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes para asegurarse el control sobre la cúpula del Poder Judicial.

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Ese poder del máximo tribunal ha tenido efecto, en los últimos 15 meses suma más de 50 sentencias contra el Parlamento y ha bloqueado a la oposición. Los altos magistrados han fallado a favor de casi todos los recursos introducidos por representantes del chavismo en la última década. La Ley de Amnistía propuesta por el Parlamento para conseguir la liberación de los presos políticos fue declarada inconstitucional, reseña dw.com en un resumen de los polémicos fallos del TSJ.

Entre ellas también están las sentencias del 28 y 29 de marzo, en las que el TSJ quitó la inmunidad a los diputados y asumió poderes de la Asamblea, lo que fue calificado por la oposición como un golpe y dio inicio a masivas protestas que hoy suman 79 días de marchas continuas y que han sumido en el dolor por la muerte de 70 venezolanos, según cifras oficiales, y 90, de acuerdo con oenegés.

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Pese al rechazo dentro y fuera del país a la polémica convocatoria de Maduro a una Constituyente, el TSJ avaló también esa propuesta, incluso sin necesidad de referendo, que luego el mandatario dijo que sí se haría tras el repudio en el país.

“El Tribunal Supremo no está actuando como un tribunal sino como un operador político del Gobierno y como operador político lo que ha venido haciendo es acomodar la situación al Gobierno”, expresó a elpais.com.co el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela Enrique Sánchez Falcón, quien recordó que el máximo juzgado, y en particular la Sala Constitucional, está totalmente alineado con el Ejecutivo.

Un estudio de la organización Un Estado de Derecho, encargada del monitoreo de la justicia venezolana, reveló que tras revisar 45.474 sentencias que las salas Constitucional, Electoral y Político Administrativa dictaron desde 2003 hasta 2014 la agrupación no halló ni una sola que fuera en contra de los intereses del Gobierno. (I)

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Días
suman las protestas en el país contra el Gobierno y dejan más de 70 muertos y cientos de heridos.

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