Cuando se da dentro del círculo familiar, son hechos que con frecuencia quedan como un secreto. En unos casos, el abuso sexual se vuelve sistemático en medio de engaños por parte de un agresor que por lo general es cercano al hogar cuando la víctima es menor de edad. La mentira se centra en hacerles creer que lo que hacen es parte del amor que deben profesarse como familia que son o se da en medio de amenazas en relaciones en las que el adulto ejerce su poder.

La situación cambia cuando el agresor es externo y usa la fuerza para perpetrar el delito de violación. Estos son los casos que por lo general se denuncian y llegan finalmente a juicio cuando se identifica y se detiene al acusado, concuerdan los especialistas.

Pero aun así cada uno de estos hechos presentan particularidades, dice Sonia Rodríguez, psicóloga clínica del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam). De ahí la dificultad de judicializar estos delitos que pasan por las relaciones culturales dominadas por una sociedad patriarcal, agrega.

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El impacto psicológico se dará siempre, señala Rodríguez, pero este dependerá también de quién fue el agresor, la edad de la agredida... “La violencia sexual ocurre en el 60% de los casos de personas cercanas. Las víctimas por lo general no saben qué hacer. Cómo respondo: grito, pateo, lloro, las mujeres pueden llorar..., entonces si no se defendió, si no puso su vida en juego, es que le gustó, o lo provocó por la forma como se vestía. Son horrores (que se dicen y) que hacen que las agredidas se sientan culpables y obviamente terminan no denunciando”, dice.

O el hecho termina estallando tras años de abusos como el caso de Lorena (nombre protegido), quien tuvo que huir de su hogar para denunciar que el dueño de la casa en la que su tía trabajaba como empleada doméstica la violó de forma continua cuando tenía entre 12 y 18 años. El agresor, hoy detenido tras ser acusado de otros delitos, la encerraba en un cuarto para perpetrar el acto.

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“Si cuentas nadie te va a creer, le diré a tu mamá que tú misma querías”, le decía el agresor a Lorena, quien recibió ayuda psicológica en el Cepam luego de que a sus 19 años se decidió a contar lo ocurrido. Ya a esa edad había abortado dos veces. En estos casos, sostiene Rodríguez, se convierten en adolescentes que son calificadas por los adultos como “rebeldes, brinquillas”.

Las consecuencias son diversas: inseguridad, timidez, temor para establecer relaciones, intentos de suicidio o pueden tener un deseo sexual exacerbado. Estos abusos son experiencias que difícilmente se olvidan, peor si el agresor fue alguien de tu círculo familiar, asegura Beatriz Bordes, presidenta de la Fundación María Guare, quien agrega que para la recuperación se necesita ayuda psicológica obligatoria.

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En total 1.995 juicios por violación sexual se iniciaron durante 2016, año en que se emitieron 514 resoluciones sancionatorias, el 25,7% de las causas ingresadas por este delito. De enero a abril de este año se han iniciado 502 causas y se emitieron 69 resoluciones sancionatorias, el 13,7% de las ingresadas.

Ana Karina Peralta, vocal del Consejo de la Judicatura, asevera que para llegar a una sentencia condenatoria se necesita un trabajo integral mediante el cual la víctima sea atendida psicológicamente y reciba el apoyo técnico para que esta llegue al juicio con estabilidad emocional: “(la persona agredida) es la única que puede dar pruebas para que la Fiscalía sustente el caso”.

Las denuncias, añade Peralta, pueden venir de cualquier persona que conozca de estos hechos, pero los servidores públicos tienen la obligación, por mandato expreso de la ley, de acusar: “El Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que la omisión de denunciar por parte de los profesionales de la salud o quienes trabajan en establecimientos educativos tendrá una sanción con pena privativa de su libertad... Pero es un problema estructural y parte del reto es cambiar el paradigma del silencio alrededor de la víctima de violencia o agresión sexual”, dice Peralta.

Bordes y Rodríguez reconocen que se han dado avances como aplicar la cámara de Gesell (habitación acondicionada para permitir la observación) en la que la persona agredida da una sola versión hablando con un especialista y esta es la que vale durante todo el proceso. Pero hay casos complejos en los que las víctimas y sus familiares buscan obstaculizar la denuncia del hecho.

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A María Guare llegó una joven de 17 años, enviada por la Fiscalía, que fue abusada sexualmente por su padre desde que tenía meses de nacida. Al descubrirlo, su madre se desmayó, pero terminó denunciándolo. “La niña no quería acusarlo de nada. Cuando se le dio terapia psicológica nos dimos cuenta de que el padre la engañó diciéndole que eso les hacían los papás a sus hijas y que era un secreto”, dice Bordes.

Otro hecho es el de una niña de 8 años que fue violada por su tío político. Su madre puso la denuncia, pero su hermana le rogaba de rodillas –cuenta Bordes– que no lo hiciera porque el agresor era su único sustento. Ambos casos aún están en juicio.

En delito flagrante y con denuncia inmediata aumenta la posibilidad de sancionar al violador. En este caso, Peralta da una recomendación: “Suena muy duro, muy fuerte, pero es la realidad y es lo que tenemos que decir a las víctimas de una violación sexual: cuando pasen este calamitoso hecho, no se bañen ni se cambien de ropa porque esa evidencia es esencial para el proceso”.

Rodríguez afirma que la situación cambia cuando el agresor es un familiar: “En el mismo sistema judicial hay un avance en el país, pero también hoy pide una serie de procedimientos o tiene un plazo para el proceso de investigación, ese es el plazo judicial pero no el personal, no es el plazo del proceso familiar. Los niños y los adolescentes dependen de los adultos, que los lleven, que los traigan, pedir permisos”, dice.

A ello se suman las concepciones de sexualidad y género que tienen quienes administran y atienden a las víctimas. “Si el juez cree que el hombre tiene una sexualidad incontrolable y que ella era una majadera, una coqueta que se le ofreció y brindó, se dificulta una sanción”, afirma Rodríguez.

La complejidad radica en que estos hechos impactan los mismos proyectos de vida de las personas como el caso de la familia de Pedro (nombre protegido), quien abandonó la casa de una planta en la que vivía con su esposa y sus dos hijas de 15 y 10 años de edad. Esto luego de que tres hombres ingresaron al hogar en la madrugada del 8 de mayo pasado para robar. Pero a más de ello violaron a la hija mayor. Los vecinos temen que el hecho se repita ya que aún no se detiene a los responsables. “La familia entera se fue a vivir a la Sierra, a las niñas nunca más las hemos vuelto a ver. El señor no quiere saber ya de regresar a Guayaquil”, dice una de las vecinas de la zona de Monte Sinaí, donde ocurrió el hecho. (I)

El Consejo de la Judicatura (CJ) brinda formación a los funcionarios judiciales en los temas de violación sexual para llegar a una sanción condenatoria”.Ana Peralta, Vocal del CJ