Que lo sucedido en las oficinas de la Empresa Pública Metro de Quito, la tarde del miércoles último por parte de la Fiscalía, no fue una medida de fuerza para obtener información, fue la respuesta que dio este jueves la administración del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, a la consulta de concejales de Alianza PAIS de si lo ocurrido en el lugar fue un allanamiento policial que se da cuando no existe colaboración de la parte de quien custodia la información.

La explicación se da a un día de que la fiscal general subrogante, Thania Moreno, llegara a las oficinas del Metro de Quito con el fin de incautar el computador del gerente de esa empresa pública, Mauricio Anderson, y sacar una foto espejo de dos cuentas de correo electrónico. El presidente de la Corte de Pichincha dio paso al acto urgente solicitado.

Investigación de legisladora

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La diligencia es parte de la investigación previa abierta por la denuncia sobre la construcción del Metro, colocada en enero pasado por la asambleísta de AP, María José Carrión.

El pedido oficialista para que se explique los "preocupantes" allanamientos se incluyó en la sesión de Concejo capitalino de este jueves y fue Gianni Frixone, procurador municipal, quien respondió.

Frixone explicó que sin que se presenten novedades mayores y con toda la colaboración del Municipio y la empresa Metro de Quito se concretaron los objetivos de Fiscalía: la incautación de la computadora y el ingreso a los servidores para la copia de los correos. Aclaró que este es la primera solicitud de este tipo que les hace la Fiscalía.

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El concejal por AP, Carlos Páez, ante la duda de porqué se ordenó un allanamiento y no se hizo un pedido de información por parte de Fiscalía, solicitó al Alcalde entregue a todos los concejales una copia de las solicitudes hechas por Fiscalía y de la misma forma cuáles fueron las respuestas entregadas por el Municipio y la EP Metro de Quito.

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Renata Moreno, de la Alianza Suma-Vive, pidió se hagan las investigación de una forma rápida y transparente para que la situación no quede en entredicho. Para ella, la "tela de duda" que se generaría ante los organismos multilaterales podría poner en peligro la consecución de dineros que faltan para concluir el proyecto.

Mario Guayasamín, concejal oficialista, aclaró que no se debe confundir ni asociar lo que ocurrió en la fase de precalificación, que es el análisis de los requisitos, que lo hizo la administración de Augusto Barrera, con el proceso de calificación y adjudicación, que son las condiciones que ofrecen empresa para la construcción de la obra, que lo hizo el alcalde Rodas.

Ante los pedidos a la Fiscalía para que se investigue la etapa precontractual y las conversaciones informales dentro de la Fase 2 del proyecto Metro Quito y que se transparente la contratación de la empresa Caminosca en la obra que tiene un costo de más de $2.000 millones, el alcalde Rodas adelantó que fijará una fecha para una sesión extraordinaria en la que se tratará únicamente el tema del Metro de Quito. (I)