El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el jueves en una conferencia de líderes de América Latina que Venezuela era un buen ejemplo de lo que sucede cuando la democracia es debilitada, e instó a la región a condenar al gobierno del país por abuso de poder.

"El colapso en el autoritarismo de la nación que alguna vez fue rica la empujó a la pobreza y causó un sufrimiento inconmensurable al pueblo venezolano", dijo Pence a la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en América Central.

"Debemos todos elevar nuestras voces y condenar al Gobierno de Venezuela por su abuso de poder y el abuso de su propia gente".

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HRW señala 6 funcionarios venezolanos

Este mismo jueves, Human Rights Watch instó a seis altos funcionarios de Venezuela a que respondan por las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas que han sacudido a ese país durante los últimos dos meses.

La organización humanitaria señaló, entre otros, al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López; al alto mando de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general José Antonio Benavides Torres; al ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, y al general Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana.

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Estados Unidos ya le había suspendido la visa y congelado los bienes a Benavides en 2015.

“Quienes están a cargo de las fuerzas de seguridad implicadas en los gravísimos abusos que ocurren a diario en Venezuela no están adoptando medidas para prevenir violaciones de derechos humanos ni llevar a los responsables ante la justicia”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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Vivanco criticó al presidente Nicolás Maduro por elogiar públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas callejeras que han dejado al menos 67 muertos, más de 1.300 heridos y cientos de detenidos pese a las “abrumadoras evidencias” de abusos como testimonios de víctimas y material audiovisual e información difundida por el Ministerio Público y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Civiles progubernamentales armados 

La organización mencionó entre los principales abusos el uso excesivo de la fuerza, el aval de ataques de grupos civiles armados partidarios del gobierno contra manifestantes opositores, las detenciones arbitrarias y los maltratos físicos que podrían constituir tortura.

Vivanco dijo que es irreal esperar que la justicia venezolana investigue a estos funcionarios debido al control del gobierno sobre el Poder Judicial, por lo que subrayó la importancia de sanciones administrativas impuestas por gobiernos específicos o por pesquisas en la jurisdicción universal de derechos humanos. (I)

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