Dos recientes reformas buscan darle estabilidad laboral a al menos 120.000 funcionarios públicos del anterior Gobierno, contratados bajo la modalidad de servicios ocasionales o nombramientos provisionales. La primera es la Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que rigen el Sector Público que entró en vigencia cinco días antes de que Rafael Correa terminara su mandato. La segunda es la Ley Interpretativa del Artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que acaba de entrar a debate en la Asamblea.

La que ya está vigente –publicada en el Registro Oficial 1008 del 19 de mayo– dispone que se incluya una transitoria para que “las personas que a la presente fecha hayan prestado ininterrumpidamente por cuatro años o más sus servicios... en la misma institución, ya sea con contrato ocasional o nombramiento provisional” sean declaradas ganadoras del concurso público. Solo deben obtener al menos el puntaje requerido para aprobar las pruebas del Ministerio del Trabajo.

La segunda reforma se trató la semana pasada en la Comisión de los Trabajadores. Su presidenta, Liliana Durán Aguilar (AP), dijo que la norma busca aclarar que los contratos ocasionales se puedan celebrar solo para atender necesidades temporales y si se dan por más de dos años se entenderá que la necesidad es permanente, lo que obligará a crear el puesto y llamar a concurso.

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Así se promovería la realización de concursos, a fin de que quienes tienen los cuatro años participen con más posibilidad de ganar, como lo indica la Ley Reformatoria del 19 de mayo.

Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, ve dos temas polémicos. Si bien habría la intención de dar estabilidad a funcionarios de escalas menores hay quejas en varias instituciones de que funcionarios de libre remoción (nivel jerárquico superior) están organizando los concursos y participando en estos para ganar el puesto fijo.

Y dijo que se da un problema al desaparecer los ministerios Coordinadores, donde laboran unos 800 empleados, 11% de contrato o nombramiento provisional. Además un 30% no eran de la nómina; el resto con nombramiento permanente debía tener reubicación segura, pero con la nueva ley, le queda la duda si la prioridad serán los de carrera o los que ingresaron hace cuatro años, incluso los de altos cargos, que antes eran de libre remoción, agregó.(I)

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Reformas
Servicio Público

Incertidumbre
La asambleísta oficialista Liliana Durán indica que se debe enfocar no solo en la estabilidad laboral, también en la emocional. Comentó que con la política actual, el trabajador vive cada dos años una incertidumbre de conseguir una nueva plaza.

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Reformatoria
Para el abogado laboralista Joaquín Viteri no necesariamente los funcionarios se beneficiarían automáticamente por la ley, porque estos deben cumplir varios requisitos y puntajes.