Los procesos de contratación pública en Ecuador y particularmente de la constructora brasileña Odebrecht están siendo analizados por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), desde hace dos meses.

Según afirmó la SCPM en un comunicado, en el marco de esa investigación, se ha convocado a varios funcionarios públicos y privados para que informen sobre ese caso, entre ellos: personal de las compañías Acciona - Odebrecht, consorcio que construye el Metro de Quito, así como de la Municipalidad quiteña.

Fabricio Villamar, de la alianza CREO-SUMA, acudió este martes a la SCPM para solicitar el inicio de investigaciones a fin de determinar si las prácticas de la empresa Odebrecht y de varios funcionarios públicos van en contra de la ley.

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"Que si una empresa normal para poder desarrollarse tiene que invertir, tiene que ampliar mercados, tiene que innovar, y otra empresa, en cambio lo que hace es corromper funcionarios resulta que al final es mucho más rentable para las empresas corruptas, corromper funcionarios, que hacer que progrese el país", adujo Villamar.

No obstante, la Superintendencia aclaró que ya había iniciado el proceso investigativo de oficio.

Pedro Paéz, superintendente de Control del Poder de Mercado, explicó a Ecuavisa que en caso de que se determine que mantuvo prácticas que vayan en contra del libre mercado, podría implicar una multa de hasta el 12 % de las ventas brutas anuales de la empresa. (I)