El debate sobre la sanción para la persona que no trabaja para el Estado pero pide, en perjuicio de él, una compensación económica, se reactiva con el caso Odebrecht.

Desde el pasado fin de semana, y luego de varias detenciones, se abrió la instrucción fiscal en contra de seis ciudadanos por el presunto delito de asociación ilícita.

Uno es Ricardo R., dueño de un canal de televisión y tío del vicepresidente Jorge Glas.

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Desde hace al menos ocho años, Ricardo R. –quien cumple un arresto domiciliario por ser de la tercera edad– no ha desempeñado cargos públicos.

Una situación similar –la de no ser funcionario– atravesaba Alecksey M. cuando habría recibido un ‘pago’ de $ 1 millón por parte de Odebrecht, según alegó en abril pasado el entonces presidente Rafael Correa.

Él indicó que Alecksey M. habría recibido el ‘pago’ en febrero del 2011 cuando ya no era ministro de Electricidad.

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“No hay coima ni soborno porque no era funcionario público”, declaró Correa, y opinó que el ‘pago’ “sería un acuerdo entre privados”.

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El constitucionalista Iván Castro interpreta que “aparentemente” Correa quiso decir que Alecksey M. –detenido por el supuesto delito de lavado de activos– “no pudo haber cometido cohecho o concusión, que son delitos contra la administración pública, porque cuando supuestamente recibió el dinero ya no era ministro”.

El jurista remarca que, aunque fuese así, tal persona no quedaría exenta de una posible responsabilidad por haber cometido un ilícito “que afecta a la administración pública”.

El penalista y docente Julio César Cueva explica que los delitos de cohecho o concusión se generan por actos de “soborno o coima”, por parte de un funcionario o “un tercero” que pide o recibe algún “beneficio económico” para hacer u omitir la obligación de un servidor.

Afirma que la ley sí sanciona a los “particulares”. (I)

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