Al menos tres alternativas se manejan para el destino de la Refinería del Pacífico, proyecto emblemático que se anunció en julio del 2008, que se quedó en la preparación del terreno y que en el nuevo gobierno de Lenín Moreno aún se mantiene la idea de construirlo.

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, detalló los posibles escenarios: buscar inversionistas, nuevos estudios para repensar el proyecto en módulos, o descartarlo y pensar en un plan B para los terrenos que se encuentran en el sector de El Aromo, en Manabí.

Cuando empezó el proyecto se habló de un costo de $ 5.000 millones; ahora, de más del doble ($ 13.000 millones), ya se invirtieron unos $ 1.200 millones en una polémica remoción de terrenos y construcción de acueducto, a cargo de la empresa Odebrecht.

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Para Pérez, el mercado dirá si hay o no interés en el proyecto. Dijo que por ahora se buscarán inversionistas y que si estos no lo ven rentable, entonces difícilmente se encontrará dicho financiamiento. Si el mercado determina que es más barato comprar derivados, incluido el transporte, que refinar, seguramente no habrá interesados.

También plantea la opción de realizar nuevos estudios para partir en tres el proyecto y que ya no se lo haga con capacidad para 300.000 barriles diarios, sino con 100.000, una primera etapa y seguir creciendo según las necesidades.

Al ser consultado sobre si el país tiene al momento crudo suficiente para una pequeña refinería de 100.000 barriles, aseguró que sí, pues aún tenemos un remanente de petróleo crudo que exportamos.

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En tercer término explicó que si en un caso hipotético no se presentara el interés del mercado, entonces sería el momento de pensar qué hacer con estos terrenos. Pero esto aún ni siquiera se ha pensado.

Sobre nuevos estudios, dijo que no necesariamente deberán ser asumidos por el Estado, sino por otros interesados.

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El exministro de Energía Fernando Santos Alvite señala que sí se requiere una nueva refinería, pues así ahorraría unos $ 3.000 millones anuales de importación de derivados. Que es comprensible que el nuevo gobierno busque salvar, de alguna manera, los $ 1.500 millones invertidos hasta este momento; pero no cree que ninguna empresa seria se hará cargo pues se vería involucrada en un proyecto cuestionado; le tocaría hacerse cargo de los $1.200 millones invertidos en un sitio que no está cercano al oleoducto y que es ambientalmente sensible. Sin embargo, piensa que el Gobierno aún podría convocar a una licitación para que empresas privadas construyan una refinería distinta.

La cantidad de petróleo existente es importante para el funcionamiento de toda planta. La empresa Wood Mackenzie en mayo del 2013 hizo un informe sobre la viabilidad de la Refinería. En ese momento explicaba que se deberían tener unos 200.000 barriles diarios para El Aromo, 110.000 para Esmeraldas y los volúmenes para cumplir las preventas con China, y sugería a las autoridades seguir analizando los impactos económicos, financieros y socioambientales de manera rigurosa.

En estos nueve años, el proyecto ha estado envuelto en denuncias. Según Contraloría se hicieron 28 análisis y se establecieron multas a funcionarios por $ 36 millones. La Comisión civil Anticorrupción denunció un supuesto sobreprecio en 55 veces más del valor por la compra de terrenos, y por ello el contralor Carlos Pólit denunció a los miembros de la Comisión, que fueron sentenciados y luego él desistió de la causa. (I)