Cordicom presenta guía para analizar posible discrimen en los medios

Permitir posibilidades de acción”, en el sentido de que la ciudadanía realice una “reflexión crítica sobre los discursos mediáticos... para la exigencia de derechos” es lo que plantea textualmente la Guía metodológica Análisis crítico y decodificación de contenidos de los medios de comunicación. Se trata de un documento fechado en 2016 y publicado esta semana en la cuenta de Twitter del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) –uno de los dos entes creados por la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), vigente desde 2013–.

Esta guía busca que los denominados agentes de igualdad, líderes de los grupos de atención prioritaria y ciudadanía en general se “empodere del derecho a la comunicación”.

Aunque no lo menciona directamente, analistas consultados refieren que el llamado a la acción se refiere a que la ciudadanía denuncie posibles contenidos discriminatorios en los medios. En este caso sería la Superintendencia de la I nformación y Comunicación (Supercom) –ente sancionador de la LOC– la que acogería las demandas, como viene pasando.

La guía indica que los talleres que propicia realizar “no son espacios para satanizar los contenidos mediáticos”, sino que son para “el desarrollo de una conciencia crítica”. Pero también establece como finalidad: “aportar a la construcción de nuevos contenidos”.

Y plantea, además, hacer “énfasis en aquellas personas, colectivos, comunidades o grupos que han sido objeto de discriminación o exclusión social, reproducida muchas veces a través de los medios”. Con ello se da por sentado que hay contenidos discriminatorios.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, dice que se quiere culpar a los medios de discriminaciones que han sido socialmente aceptadas, avaladas e incluso impulsadas por el Estado: “Por supuesto que se ve mucho mensaje políticamente incorrecto en los medios, pero estos son el espejo y la ventana de una sociedad”.

Para el periodista, escritor y expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo Menacho, la guía busca disfrazar actores políticos como ciudadanos para denunciar a los medios: “Una vez más se evidencia que la normativa fue creada para el Gobierno, ya que la ciudadanía no la reconoce como instrumento para la defensa de sus derechos”.

Como argumento están las cifras de la misma Supercom. “Cuando sus números nos muestran que la mayor cantidad de demandas (más del 59% en 2016) se las realiza de oficio, se confirma que la ley es un instrumento de los políticos enemigos de la libertad de expresión”, indica Cornejo.

De ahí que herramientas como las esbozadas en la guía puedan ser usadas como un mecanismo para perseguir a medios críticos con el régimen de turno, añade Ricaurte.

El libro titulado El delito de expresarte, publicado en enero pasado, señala que de octubre de 2013 a octubre de 2016, la Supercom inició 606 procesos en contra de periodistas y medios de comunicación. De estos, 462 terminaron con resolución. El 97,45% de los casos sancionados corresponde a medios privados y el 2,21% en contra de medios públicos.

Cornejo sostiene que la LOC debería derogarse, o al menos, reformarse en la parte de la comunicación vista como un servicio público. “Esto... ha conducido a un conjunto de regulaciones, a una imposición de contenidos por parte del Estado y como consecuencia ulterior esto ha llevado a procesos de autocensura... lo cual es sumamente grave porque el que se perjudica con eso es el ciudadano común, ya que a él se destinan los contenidos de información”, asegura.

Con este criterio coincide Felipe Burbano de Lara, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (sede Quito): “La información no es servicio público, sino un derecho ciudadano que tiene que ser ejercido por la ciudadanía. Al momento de transformarlo en un servicio se convirtió en una responsabilidad del Estado y ahí hay una distorsión porque abre un camino enorme para que el Estado intervenga, regule, controle, reglamente”.

Para Burbano, el manual publicado por la Cordicom puede ser un rezago de la anterior administración del exmandatario Rafael Correa. “Por el momento hay una especie de inercia gubernamental, creo que las entidades públicas van a funcionar con esa inercia que es dada por la agenda que estaban ejecutando”.

El presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó durante la campaña electoral que la LOC debía ser reformada, lo que ha ratificado ya en el poder: “Las autoridades de control de la información tendrán un papel dialogante, orientador, promotor de los derechos y no ya sancionadora, por favor eso tomarlo bastante en cuenta para los cambios que se desee implementar a la Ley de Comunicación”, dijo el 29 de mayo en Quito en un conversatorio con los medios de comunicación.

Para Anunziatta Valdez, activista de las mujeres, esta necesidad de cambio anunciada en el discurso va en la línea de que el nuevo régimen quiere subsanar lo que en algún momento puede tener un costo político.

De hecho, el último informe de rendición de cuentas de la Supercom indica, según una encuesta realizada en 8 de las principales ciudades del país, que el 43,6% de los encuestados calificó de ‘regular o mala’ la gestión de esa institución, mientras que el 34,4% dijo que ha sido ‘buena y muy buena’. Para el 19,8% es indiferente y el 2,2% no responde. (I)

La ley está hecha para el poder... El expresidente (Rafael) Correa decía...: ‘Ya tenemos Ley de Comunicación’ y no lo decía en sentido figurado”.César Ricaurte, Fundamedios