Cinco personas con prisión preventiva; Ricardo R., tío del vicepresidente reelecto Jorge Glas, con arresto domiciliario por tener 68 años de edad; y orden inmediata de libertad para el exalcalde de Latacunga, José T. por no existir elementos para formular cargos "en este momento", es el resumen de más de dos horas y media de audiencia de formulación de cargos dentro del caso de corrupción Odebrecht en Ecuador.

La diligencia por el presunto delito de asociación ilícita terminó a las 05:00 de hoy, casi a la misma hora en la que 24 horas antes se realizó la operación Odebrecht y se detuvo en Guayaquil, Daule, Quito y Latacunga a seis de los ahora procesados. Cerca de las 19:00 de ayer, Rubén T, hijo del exalcalde de Latacunga, se transformaba en el séptimo detenido, que también fue incluido en la audiencia.

Para Diana Salazar, de la recién creada Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la Fiscalía, los detenidos forman parte de la "escena criminal instaurada por Odebrecht" en Ecuador. Según la fiscal del caso, los procesados fueron parte de esta organización ejecutando roles distintos.

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Por ejemplo de Ricardo R., Salazar dijo que él habría recibido sobornos por cerca de $13 millones por parte de la constructora Odebcreht como pagos por todos los contratos que suscriba la compañía en Ecuador. Estos dineros habrían sido entregados a través de empresas ecuatorianas, como Diacelec,

Para cometer el ilícito, apuntó la fiscal, el sospechoso se habría aprovechado de la relación de parentesco que mantenía con un "alto funcionario" del gobierno.

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A Carlos V., otro de los investigados, lo señaló de haber supuestamente favorecido a Odebrecht, cambiando las bases de los concursos, cuando fue presidente de la Comisión de licitaciones de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). A Rubén T., quien habría sido en 2008 funcionario de Petroecuador, la Fiscalía lo ve como el "intermediario" entre Odebrecht y otros funcionarios públicos para poder beneficiarse de contratos públicos.

Una hora antes de que inicie la audiencia en la Unidad de Flagrancia, al norte de Quito, al lugar llegó la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. La recientemente posesionada funcionaria ocupó durante la diligencia uno de los puestos ubicados en la primera fila de la sala a la que solo entraron abogados, familiares, agentes investigadores y funcionarios de Fiscalía.

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Como parte de la defensa de los investigados, en su mayoría los abogados alegaron que ninguno de los 18 elementos de convicción presentados por Fiscalía fueron contundentes. Incluso el abogado de Rubén T., Mauricio Garrido, luego de reclamar el que a su defendido se le tomó versión sin su abogado, acusó a la fiscal de "mentir" y de interpretar de una manera errada la versión rendida.

Junto a la prisión preventiva, el arresto domiciliario a Ricardo R. y los 90 días de instrucción fiscal, la jueza Yolanda Mayorga ordenó contra todos los procesados la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles de estos e inmovilizar las cuentas en el sistema financiero local que estén a nombre de los indagados y en las empresas que los procesados tengan firmas autorizadas.  (I)