Con emoción y al borde de las lágrimas, Elena Reynaga, secretaria ejecutiva y fundadora de la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales (RedTraSex), iniciaba su exposición frente a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 162 periodo de sesiones, realizado el 18 de marzo último: “Mil disculpas por la emoción, pero tal vez para alguna gente que tiene costumbre de venir a este lugar no pueda entender la emoción que nosotras sentimos y lo que nos costó llegar hasta acá”.

Lo que es ahora habitual para los defensores de DD.HH., los dirigentes indígenas o hasta los representantes de organizaciones GLBTI desde que la CIDH se creó en 1959 del siglo XX, para las mujeres que ofrecen servicios sexuales en la región es un avance histórico, que una instancia de esta naturaleza al menos las escuche hoy, en pleno siglo XXI.

La audiencia había sido solicitada por un conjunto de organizaciones que trabaja esta temática en 13 países de América Latina. El eje de la demanda fueron las condiciones indignas y las situaciones violentas en las que tienen que desarrollar la actividad por la falta de regularización del trabajo sexual.

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Es una realidad que se evidencia en ciudades como Guayaquil, donde la prostitución se ejerce en parques como el Centenario, Chile, La Victoria, al pie de hostales o en zonas de tolerancia como la calle Salinas, conocida como la 18.

Brenda (como dice que la conocen sus clientes) esconde su rostro debajo de una sombrilla cuando decide abrirse de los prostíbulos de la 18 y busca clientes en los alrededores del parque La Victoria. Lleva 25 años, de los 49 que tiene, ejerciendo esta actividad y refiere que el tiempo va en contra de sus ingresos, ya que cada vez tiene menos clientes, afirma.

Al dejarla su esposo con 4 hijos, encontró un trabajo en un almacén de la Bahía en el que conoció a una mujer que la llevó a la 18. Fue en 1992. “Yo misma quise, nadie me obligó, pero sí hay chicas que entran obligadas y tienen chulos que mantienen. Eso se ve menos, por lo general ahora se trabaja sola”, señala.

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En la 18 está a expensas –al igual que Janeth, de 35 años y quien también por estos días prefiere buscar clientes en la calle– de los dueños de los prostíbulos a quienes deben pagarles de $ 2 a $ 3 cada vez que usan las habitaciones que les alquilan. No importa el número de clientes que lleguen a tener durante el tiempo que laboran.

Brenda afirma que cobra $12, por lo que le quedan $ 9: “A veces ni así porque los hombres quieren pagar $ 8, menos $ 3 de la cama me quedan solo $ 5 para mí, todo lo que hacemos es para ellos (los dueños de los locales). Hay veces que una está necesitada y para no irme chira y sacar al menos para mi pasaje tengo que aceptar y doy el punto en $ 5 y me quedan $ 2”.

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A ello se suma la inseguridad y lidiar con los borrachos y drogadictos: “A los dueños solo les interesa vender su cerveza. En la 18, las chicas se periquean y los dueños no dicen nada”.

Janeth también labora entre la calle Salinas y los parques y veredas del centro, donde debe alquilar habitaciones por cada hombre que atiende. Con 5 hijos, lleva 14 años como trabajadora sexual. “Era empleada doméstica, pero quería que mis hijos terminaran el bachiller”, indica. Sus hijos no saben a lo que se dedica. Les ha dicho que trabaja en una camaronera.

A ambas se les complica mejorar su situación porque, por ejemplo, no pueden realizar créditos en las casas comerciales. Janeth dice que una vez le negaron cuando les dijo que era “prostituta”, que a eso se dedicaba. Por ello, ahora prefiere decir que es empleada doméstica: “Me da cosita y vergüenza, después la gente dice ‘uy, esa mujer en qué ha trabajado’ y cuando una va saliendo la quedan viendo de pie a cabeza”.

A ello se suman las dificultades para alquilar una casa, ya que al no tener un trabajo de relación de dependencia, no tienen roles de pago. Es el caso de Yuli Maritza, quien ha sido trabajadora sexual 9 de los 35 años que tiene. Con 4 hijos, afirma que no encontró otra forma de ganar entre $ 120 y $ 150 a la semana. Ella trabaja por las mañanas en los alrededores del parque Chile, donde hay hostales que cobran $ 3 cada vez que usa la habitación. Como cobra $ 10, dice que le quedan $ 7.

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“Dicen que esto es vida fácil pero no, debemos comprar con plata en mano, mentir para que nos alquilen casa, no tenemos décimos en Navidad ni para cuando mi niño va a clases”, dice Yuli, de tez canela y cabellera rubia a medio tinturar.

También deben enfrentar a la policía cuando el vecindario se queja por escándalos en la vía pública. “Nos corren en la batida y a veces nos llevan presas, por una pagamos todas”, afirma. Ella sale de su casa en la cooperativa Sergio Toral y ha dicho a sus hijos que trabaja en almacenes. Cuando llega a la esquina se cambia de ropa en los portales de los hostales, para atraer más clientes.

Su hija adolescente de 15 años la descubrió un día por casualidad. “Le di la espalda, me fui. Al llegar a la casa le dije que de eso comemos”, dice Yuly, quien lleva seis años con su actual pareja, que se dedica a vender agua y colas. “A los dos se nos complica asegurarnos de forma voluntaria, tenemos un hijo de 5 años”, agrega.

Brenda, Janeth y Yuli desconocen qué compañeras de labor expusieron sus problemáticas en la sede de la CIDH en Washington (EE.UU.). Fue una jornada en la que pidieron que las autoridades deberían separar los casos de trabajadoras sexuales que son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y las que lo hacen de forma voluntaria para que su labor no sea criminalizada.

Estas mujeres agremiadas en la RedTraSex contaron ante la CIDH que si bien 7 de cada 10 trabajadoras sexuales fueron víctimas de violencia en el último año, 8 de cada 10 no hacen denuncia por miedo a represalias y desconfianza del sistema judicial, según un estudio realizado en la región.

Lourdes Toscano, dirigente de la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador en Guayas, considera que una de las claves para enfrentar el entorno de violencia y abuso laboral está en conseguir un reconocimiento: “Estamos pidiendo constar en el Código Laboral como un trabajo autónomo”.

Toscano asegura que en estos años se han dado avances como el uso de la tarjeta integral de salud en vez del carné profiláctico en el que constaban la foto y el nombre. “Cuando uno salía con una enfermedad de transmisión sexual le salía allí, pero ahora con la tarjeta de salud es todo codificado y no lleva foto... Entonces si la trabajadora sexual quiere pedir un crédito, no tiene que decirle a la casa comercial qué enfermedad tiene, simplemente con eso avala a lo que se dedica”, anota Toscano.

El tema es complejo ya que, añade la dirigente, este reconocimiento en la ley debe darse mediante un régimen especial que les dé cierta libertad frente a los dueños de los prostíbulos. Una alternativa es el esquema que se aplica para el caso de las amas de casa que pueden lograr una pensión, como trabajadoras autónomas, con 240 aportaciones, indica Toscano.

La primera vicepresidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, fue la que presidió la sesión en la que estuvieron las trabajadoras sexuales. “Se trata de una audiencia de carácter histórico, ya que es la primera vez que se aborda este tema en este ámbito”, dijo el 18 de marzo pasado y luego se comprometió a dar seguimiento a la situación. “La información recibida es sumamente preocupante y desde la Relatoría vamos a trabajar en incluir el tema de las trabajadoras sexuales en todos nuestros trabajos sobre los derechos de las mujeres”. (I)

55 mil
Mujeres son trabajadoras sexuales en Ecuador.

79%
De las trabajadoras sexuales tienen entre 21 y 40 años

81%
De las trabajadoras sexuales es madre y jefa de hogar a la vez

61.938
Atenciones a personas que ejercieron trabajo sexual registra el sistema público de salud durante 2016

26.062
Funcionarios aprobaron un curso virtual en derechos humanos

Darle rostro a esta lucha es complicado. En el caso de los GLBTI ya no tienen nada que perder porque no tienen hijos y sus familias de por sí ya los rechazan”.Lourdes Toscano, Dirigente