La fiscal general de Venezuela denunció el miércoles la "excesiva represión" de las fuerzas de seguridad del Estado durante la ola de protestas antigubernamentales que ya acumula casi dos meses, y en medio de las que han muerto 55 personas.

De hecho, la fiscal aseguró que, tras varias semanas de indagaciones, expertos forenses determinaron que el joven Juan Pernalete murió en medio de una manifestación en Caracas a causa de un impacto en el pecho de una bomba lacrimógena que fue lanzada por un guardia nacional.

Incluso mostró a los periodistas una bomba lacrimógena similar a la que asesinó al joven de 20 años.

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Luisa Ortega, quien se desmarcó del Gobierno socialista de Nicolás Maduro desde que iniciaron las manifestaciones en su contra a fines de marzo, precisó que la mitad de unos 1.000 heridos de las protestas ha sido por la acción de policías o militares.

"Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales", dijo la titular del Ministerio Público. "Más de la mitad de las personas han sido lesionadas producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado".

El miércoles, en Caracas y las principales ciudades del país petrolero, miles manifestaron en contra de lo que consideran una "dictadura" que no quiere medirse en las urnas, apresa a los disidentes y prohíbe el ingreso de ayuda humanitaria para sosegar la escasez de medicinas.

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Ortega criticó el "uso excesivo de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado" que, en jornadas previas, han bloqueado el paso de los manifestantes con camiones hidrantes y bombas lacrimógenas generando fuertes enfrentamientos.

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Violaciones a derechos humanos

Además, la abogada de 59 años dijo que su despacho imputó a 19 uniformados por la presunta comisión de delitos como homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, privación ilegítima de libertad, entre otros.

También reiteró que la fiscalía ve con preocupación los casos de civiles que en medio del revuelo político han sido detenidos y procesados en cortes militares, lo que violaría fundamentos constitucionales y derechos humanos.

Más tarde, la ministra de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que, por orden del propio Maduro, una Comisión se hará cargo de establecer "la verdad" de los hechos que han teñido de sangre al país petrolero sudamericano.

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"Nada ni nadie podrá detener la verdad sobre los delitos de odio cometidos por los factores políticos opositores violentos y extremos", escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Nada ni nadie podrá detener la verdad sobre los delitos de odio cometidos x los factores políticos opositores violentos y extremos

"La comisión establecerá la verdad caso por caso, sin manipulaciones ni arbitrariedades. La verdad se impondrá a favor de la justicia y la paz", agregó. (I)