Para permitir que anuncie la prueba la defensa del policía Marco M., uno de los cuatro procesados por el supuesto delito de suspensión de servicios públicos durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, un Tribunal de Pichincha convocó para el 10 julio próximo a la audiencia de juzgamiento, que en este caso estaba prevista se realice este lunes.

La resolución se adoptó una vez que Antonio Enríquez, abogado de Marco M., dijo al Tribunal que ellos como defensa técnica estaban "angustiados" porque no se estaban cumpliendo algunos requisitos o solemnidades sustanciales consagradas en la Constitución.

Enríquez explicó que en una providencia de 12 de mayo pasado se les había negado la posibilidad de hacer el anuncio de prueba con la que iba a sustentar la inocencia de su cliente. Según él, en un principio les dijeron que anuncie la prueba y luego, en la resolución, les respondieron que les niegan su solicitud porque debieron haberla anunciado en la audiencia preparatoria de juicio.

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El Tribunal, luego de deliberar, declaró la nulidad de la resolución que afectaba a la defensa del policía Marco M. e informó de la nueva fecha para la audiencia.

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Inicialmente la instrucción fiscal se abrió en contra de los policías Edwin H. y Marco M. y más adelante se vinculó a los también uniformados Álex V. y Mario P.. Según la Fiscalía, el denominado 30-S los cuatro fueron autores directos del cierre de la Terminal Terrestre de Quitumbe, así como del bloqueo de las avenidas principales de la central de transporte ubicada al sur de Quito.

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Al no encontrarse en la diligencia Álex V., el Tribunal ordenó se suspenda la etapa de juicio contra este procesado y trasladó a la Policía el pedido de que se lo busque y se lo detenga para que pueda ser juzgado conforme a derecho.

La mañana de este lunes también ingresó al expediente de este caso la solicitud del policía Mario P. para acogerse a un procedimiento abreviado. Dentro de su pedido el procesado asegura que de forma voluntaria acepta los hechos fácticos de los que se le acusa. De aceptarse el pedido, Mario P. podría beneficiarse de una reducción de pena. (I)