Un gobierno conservador, nuevas acusaciones de corrupción y un desempleo récord pese a que se vislumbra el fin de la recesión. Para los brasileños, mucho y al mismo tiempo nada ha cambiado desde que Dilma Rousseff fue sacada hace un año del poder.

“Dijeron que el problema era la presidenta. La sacaron del poder, colocaron a otro, pero no cambió nada”, afirma Gabriel, un joven empleado de bar en una favela de Río de Janeiro.

El 12 de mayo de 2016, Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), abandonó el palacio presidencial en Brasilia denunciando un “golpe institucional”. La presidenta, reelegida en 2014, había sido suspendida por presunta manipulación de cuentas públicas.

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Su vicepresidente, Michel Temer, asumió interinamente el comando del país y prometió cambiar radicalmente el rumbo político para recuperar la confianza de los mercados y sacar a Brasil de su peor recesión.

Ahora ocho de cada diez brasileños creen que Temer hizo menos de lo que esperaban, según el Instituto Datafolha. Solo el 9 % aprueba su gestión.

“Estamos completando nuestro primer año de Gobierno con la seguridad más absoluta de que estamos en el camino correcto”, dijo ayer el presidente, que aseguró estar poniendo el país “en orden”.

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Aunque la economía da señales de recuperación y el Gobierno proyecta un modesto repunte de 0,5 % para 2017, el desempleo alcanzó el 13,7 % y afecta a 14,2 millones de brasileños.

La congelación del gasto público durante dos décadas, la flexibilización de las normas laborales y un proyecto para aumentar la edad de la jubilación hundieron a bajos mínimos la popularidad del Gobierno.

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Temer “entró al poder por la puerta de atrás y propuso cambios radicales en el Estado brasileño, sin haber sido elegido por el voto popular”, dice Otavio Guimaraes, profesor de Historia de la U. de Brasilia.

El propio mandatario reconoció que esas decisiones no lo favorecen en las encuestas, pero afirma que prefiere ser recordado como el “que hizo las grandes reformas, que permitió que los próximos gobiernos no encuentren a Brasil como nosotros lo encontramos”.

“Podríamos discutir si las reformas son necesarias o no, pero de cualquier manera, no pasaron por el tamiz de las elecciones”, sostiene el doctor en ciencia política Nuno Coimbra, de la U. de Sao Paulo.

Por otra parte, al menos ocho ministros de Temer están bajo investigación en el marco del caso Lava Jato, que investiga una masiva red de corrupción en la estatal Petrobras.

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Casi un tercio del Senado y unos 40 diputados, de casi todos los partidos, también están bajo la mira de la justicia.

Desde el impeachment, “nada cambió. Continúa peor, inclusive. Para mí, todos tendrían que salir del poder y llamar a nuevas elecciones presidenciales”, sostiene el taxista Carlos Roberto, de Río de Janeiro.

¿El próximo presidente?
Según los últimos sondeos, el más opcionado es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pese a los cinco procesos que enfrenta por corrupción, el patriarca de la izquierda, que gobernó de 2003 a 2010, sería votado por el 30 % de la población, frente al 15 % cosechado por el segundo candidato.

Pero si es condenado y una corte superior confirma la sentencia, el exsindicalista no podrá ser candidato y ese desenlace podría intensificar la polarización del país. (I)