Por el supuesto “uso doloso de documento falso ideológicamente de carácter privado”, la jueza María Elena Lara ordenó este jueves el inicio de una instrucción fiscal de 90 días contra el Centro de Estudios y Datos, Cedatos Cía. Ltda., cuyo presidente ejecutivo y representante legal es Ángel Polibio Córdova.

La audiencia de formulación de cargos se inició definiéndose que al existir una omisión en la providencia la diligencia era solo contra la persona jurídica Cedatos y no también contra Córdova, como persona natural.

La fiscal del caso, Cecilia Garzón, explicó que inicialmente había pedido la audiencia para ambas personas. Pese a ello, aclaró, “más adelante solicitará la vinculación” de Córdova.

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Para sustentar el pedido de inicio de instrucción fiscal, Garzón leyó la denuncia presentada, en marzo pasado, por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado (AP). Según el escrito, personal de Cedatos modificaron para la segunda vuelta electoral cifras de varias encuestas a través de la distorsión de fórmulas.

El objetivo aparente, apuntó Fiscalía, era beneficiar al presidenciable Guillermo Lasso, de la alianza CREO-SUMA. Agregó que existiría evidencia de cotizaciones, por $ 807.360, de Cedatos a personas vinculadas a la campaña de Lasso y a empresas asociadas a CREO.

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La fiscal presentó en la audiencia la versión de Santiago Bueno, gerente de Ventas de Cedatos, quien habría relatado movimientos de computadores y documentos el día del allanamiento a Cedatos, e incluso que las cifras de las encuestas realizadas eran modificadas “bajo el criterio” de Córdova.

Juan Pablo Albán, defensor de Cedatos, dijo que se trataba de “actos de persecución” contra la encuestadora y sus funcionarios, lo que ya conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (I)