Con 84 puntualizaciones sobre el caso ecuatoriano, la Relatoría Especial para Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su informe anual, que contiene una evaluación de 32 países durante el 2016.

El análisis de Ecuador abarcó nueve partes: amenazas e intimidación a periodistas y medios, protesta social, estigmatización, responsabilidad ulterior, Ley de Comunicación, internet, propiedad intelectual para bloquear contenidos, diversidad y otros.

Uno de los temas que llamó la atención de la Relatoría fue el concurso de frecuencias de radio y televisión que empezó en abril del 2016 y que a finales del año registró varias denuncias de corrupción. Se citan allí los pedidos de transparencia hechos por asociaciones de radiodifusión y la posición de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel) y del Consejo de Regulación de la Comunicación, que defendieron el proceso.

Publicidad

“La asignación (...) debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes, que sirvan de freno a la posible arbitrariedad (...) y que garanticen condiciones de igualdad (...) para todas las personas y sectores interesados”, señala el informe.

La Relatoría recogió, además, casos de violencia en las protestas callejeras y la descalificación de Correa en contra de los periodistas ecuatorianos que participaron en la investigación de los llamados Panamá Papers. “Para Ecuador, la ‘investigación’ fue hecha por ‘periodistas’ de El Comercio y EL UNIVERSO. ¿Qué podemos esperar?”, dijo el mandatario el año pasado. El 10 de abril del 2017, esa investigación recibió el premio Pulitzer.

El informe contempló fallos e indagaciones en contra de activistas, el uso de derechos de autor para bloquear contenidos y reiteró su preocupación por las restricciones y la ‘discrecionalidad’ en la aplicación de la Ley de Comunicación. (I)