Luego de la campaña electoral en la que rondó la propuesta de eliminar o modificar el rol del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), Alianza PAIS propuso en la Asamblea un proyecto de Código para “fortalecer” ese órgano, entregándole nuevas facultades, como regular a las organizaciones sociales y sancionar con multas e impedimentos para ejercer un cargo público o ser candidato a elección popular por periodos de cinco años.

El proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social fue presentado por la oficialista Johanna Cedeño.

El articulado implementa un nuevo Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, que regule los requisitos y procedimientos para otorgar personería jurídica a las organizaciones sociales.

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Ahora los colectivos están sujetos al Decreto 16, y aunque no se plantea su derogatoria, dispone que en adelante las regulaciones estén a cargo del CPC, que deberá crear un Subsistema de Registro Único de Organizaciones Sociales. Ahí los grupos deberán entregar información de sus metas, sus directivas, y someterse a la aprobación de los estatutos, incluso del Ejecutivo, en el caso de corporaciones y fundaciones.

Serán disueltas por desviarse de los fines para los que fueron creadas, incumplir sus estatutos, y “dedicarse a actividades de política partidista que atenten a la seguridad interna y externa del Estado o que afecten a la paz pública”.

Esperanza Martínez, parte de la organización Acción Ecológica, resalta la “gravedad” de esta normativa, y al parecer lo que se está haciendo es “creando las condiciones para que la censura a las organizaciones esté legalizada”. “Esto es muy grave, hacen que el Decreto 16 tenga un peso muy grave, con un código”, expresó.

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La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) también cuestionó el proyecto en un extenso comunicado, que analiza aspectos de la iniciativa a los que califican de “discrecionales”.

Se preguntan, por ejemplo, “¿Qué dimensiones y alcances tiene la paz pública? ¿Cómo se determina y/o cuantifica?”, y consideran que se puede llegar a “generar un control desmedido respecto del desarrollo y vida de las organizaciones”.

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Este Diario intentó comunicarse con la asambleísta Cedeño, pero no respondió.

Este cuerpo legal refiere regulaciones a iniciativas electorales como la consulta popular, revocatoria de mandato, la consulta previa en comunidades indígenas, y otras.

Y al regular el rol del CPC, le otorga el poder de emitir sanciones administrativas por incumplimiento de los mecanismos de control social y participación de los funcionarios.

Entre aquellas, que el servidor pague un salario básico por no presentar su informe de rendición de cuentas en el plazo establecido; tres por no entregarlo completo; o seis por no rendir cuentas. También se le impedirá ejercer el cargo por cinco años, o ser candidato a cualquier dignidad ese mismo periodo. (I)

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Artículos tiene el proyecto de Código; en las disposiciones transitorias se pide reformar tres leyes.