Con la designación de tres autoridades de control culminó el proceso de renovación en tres instituciones a cargo del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), y quienes iniciarán sus periodos en paralelo con el nuevo Gobierno central.

El pasado jueves, el CPC designó, por unanimidad, a Carlos Baca Mancheno como fiscal general. En febrero pasado había hecho lo propio con Carlos Pólit para el cargo de contralor, y Ramiro Rivadeneira, para el de defensor del Pueblo.

Tales nombramientos generan críticas por su cercanía con el gobierno saliente de Rafael Correa, cuya agrupación Alianza PAIS (AP) ganó en las elecciones pasadas, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Baca fue asesor de César Rodríguez, cuando él era asambleísta por AP, y de la exministra y actual legisladora electa por AP, Doris Soliz. Hasta enero pasado se desempeñó como consejero de Correa.

Rivadeneira es cercano a Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura, exministro del Interior y exasesor del presidente Correa.

Pólit fue sugerido por el mandatario como contralor, en el 2007. Luego de un periodo de transición, ganó un concurso de selección realizado por el CPC y después ganó otro.

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Algunos críticos al régimen dudan de la independencia con la que estas tres autoridades porían actuar al momento de fiscalizar al próximo gobierno.

Dos semanas antes de que Baca fuera electo, Correa aseguró que él era “un jurista de primer nivel”. Destacó su colaboración y se preguntó si acaso lo que a sus detractores les preocupaba era que no fuese “alguien de la oposición”.

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“Será un lujo de fiscal, un orgullo para la patria”, remarcó.

Edwin Jarrín, uno de los vocales del CPC, defendió la “transparencia” del concurso, y anotó que si Baca obtuvo la más alta calificación fue por sus “méritos” y “capacidad” en el examen escrito.

El fiscal electo deberá conocer casos que están en investigación y juzgamiento, como los de presunta corrupción en Petroecuador, entrega de coimas de la constructora Odebrecht y asociación ilícita en la asignación de frecuencias.

Además, deberá conocer denuncias como la que pesa contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, por presunta falsificación en la Ley de Comunicación.

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Pólit, por ejemplo, deberá auditar el uso de recursos públicos del gobierno saliente y luego del que asumirá.

Y Rivadeneira deberá intervenir en casos que involucren supuesta afectación a los derechos humanos.

El analista político Francisco Huerta anticipa que quien quiera que sea el futuro gobernante no podrá ofrecer una “lucha contra la corrupción (en el país)”. Y se pregunta: “¿Cómo garantizamos lucha contra la corrupción con autoridades que se han mantenido diez años algunos de ellos?”.

Indica que, por ejemplo, Pólit “ha sido un defensor de lo que hemos criticado”, como la comercialización del crudo, la construcción de la Refinería del Pacífico, o la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, opina que a Lenín Moreno, a quien el CNE da por ganador de las elecciones presidenciales, se le podría “facilitar” trabajar con “autoridades afínes al oficialismo”.

“Sin embargo, aspiro a que al estar en un periodo de contracción económica pueda armonizar las relaciones, y para ello requiere tener un gobierno transparente e impulsar que los organismos de control hagan una revisión de los fondos que le van a quedar al presupuesto del Estado”, comenta Rodríguez.

Agrega que la situación del país “es complicada” y considera que si Moreno “es inteligente” hará que “los funcionarios que trabajen con él no cometan los mismos errores”. (I)