“¿Tú quieres problemas con la migración? ¡Pues cállate! ¡Cállate! ¿Entiendes?”. Eso fue lo que dijo un alguacil a Elda Bonilla, una inmigrante, mientras detenían a su cuñado, Edwin Reyes –inmigrante hondureño indocumentado sin antecedentes criminales–, por intentar escapar cuando buscaban a otra persona, en Carolina del Norte. Luego fue entregado a la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés).

El mexicano Antonio Hernández también fue capturado por azar. Fue detenido al poco tiempo de salir de su casa mientras esperaban a otra persona. Si llegan a depotarlo, será la segunda vez en cuatro años. Ambos casos fueron registrados por Univisión, y de acuerdo con AP, la cifra de detenidos continúa aumentando.

En el sur de Texas arrestaron a 153 inmigrantes con antecedentes penales o que están viviendo en Estados Unidos de manera ilegal. Otros 82 fueron capturados en el norte de Virginia, el Distrito de Columbia y Maryland.

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El ICE ha dicho que tales operativos son de rutina, pero algunos activistas dijeron que las acciones se han enfocado también en individuos que no son delincuentes peligrosos, sin embargo, no todos los atrapados tienen antecedentes.

Cada vez se vuelven más comunes estos casos tras la implementación de la política migratoria del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien busca extender su accionar con la colaboración de autoridades locales de cada estado y ciudad, incluso amenazando con no dar fondos a las ciudades que no quieran colaborar con el ICE, especialmente a las “ciudades santuario”, que se niegan a cumplir los pedidos de arresto del ICE.

Una analista de políticas del Migration Policy Institute (MPI), Faye Hipsman, apuntó a Univisión que si eso se hace realidad, dichas ciudades podrían tomar acciones legales para defenderse. “Tendrán que decidir si arriesgan los fondos para seguir las políticas que quiere implementar el Gobierno”, dice.

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Lo que está en juego
Estas ciudades podrían quedarse sin fondos para financiar una serie de programas policiales. En el año fiscal del 2016 se concedieron casi 3.000 subsidios por un total de 3.900 millones de dólares a ciudades, condados, estados y otras administraciones locales.

Para María Amelia Viteri, profesora de la Universidad San Francisco de Quito, esto afecta diametralmente, pues las ciudades santuarios protegen a inmigrantes de ser detenidos y/o ser discriminados.

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“La política del presidente Trump vuelve a reforzar el estereotipo de las personas inmigrantes como ilegales y por tanto potencialmente ‘peligrosas’, menos americanas y con ello con menos derechos a pesar de tenerlos, independientemente de su estatus migratorio”, dice.

Los alcaldes de las principales “ciudades santurio”: Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Oakland, Chicago, San José y Berkeley, criticaron la amenaza y que de ser necesario tomarían acciones legales para evitar la disminución de fondos.

La Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha enviado cartas a la policía y líderes locales de una docena de estados, sobre cómo aceptar colaborar con el Gobierno en este tema crea riesgos para sus comunidades y podrían ayudar a violar los derechos constitucionales de los inmigrantes.

“Es una especie de declaración de Guerra... el dar un ultimátum a las más de 600 ciudades y condados santuario que se niegan a cooperar con los agentes de Inmigración desistan o arriesguen la pérdida de miles de millones en fondos federales para sus comunidades”, comenta Oswaldo Guzmán, presidente del Comité Cívico Ecuatoriano en Nueva York, quien agrega que los inmigrantes que viven en esa ciudad se encuentran “preocupados y con mucha inseguridad”.

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El fiscal de EE.UU., Jeff Sessions, dijo que son 118 localidades las que no quieren colaborar y que podrían ser castigados por eso, refiere El País.

La MPI no está de acuerdo con hacer cumplir a autoridades locales responsabilidades del Gobierno central, y que las leyes de migración son pertinencia solo de este último.

Si se da tal colaboración podría haber más familias separadas y pérdida de bienes, por lo que organizaciones y activistas recomiendan a indocumentados preparar un plan. (I)

Reacción
Estado santuario

California
Los legisladores de California aprobaron esta semana de manera preliminar una medida que impide a la policía cooperar con autoridades federales de inmigración, una iniciativa que, de acuerdo con quienes la propusieron, reprocha al presidente Donald Trump por sus medidas contra la inmigración ilegal. La medida convierte a California en un estado santuario.

118
Localidades
Es el número que según el secretario de justicia, Jeff Sessions, no quiere colaborar con el ICE.