La Comisión de Justicia de la Asamblea continuará con las comparecencias para recibir observaciones sobre la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero.

Este proyecto de iniciativa del Ejecutivo busca establecer una prohibición de ejercicio de cargo o función pública a quien tenga bienes e inversiones en lugares considerados como paraísos fiscales. Y un límite de hasta el 6 de marzo del 2018 para que dejen de tenerlos.

Autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio del Trabajo acudirán hoy a la Comisión.

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El SRI definirá lo que es paraíso fiscal, procedimiento, mecanismo y parámetros técnicos para puntualizar a qué país se le considera como tal. En el caso del Ministerio del Trabajo, la Comisión quiere analizar las sanciones que establece el Código de Trabajo para dar por terminada la relación laboral por cometer una infracción.

A la Unidad de Lavado de Activos se le consultará sobre la idea de la Contraloría de remitir información que determine posibles indicios y que esos recursos o dineros, creados a través de paraísos, puedan ser debidamente analizados.

El presidente de la Comisión, Mauro Andino (AP), sostuvo que el proyecto podría ser aprobado y entraría en vigencia entre abril y mayo. (I)