Delegados de la Contraloría General del Estado y del Consejo Nacional Electoral (CNE) acudieron ayer a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para presentar observaciones y sugerencias de modificaciones al proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de este año sobre funcionarios y dignatarios públicos y paraísos fiscales.

El proyecto busca viabilizar la prohibición de que dignatarios o funcionarios públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. Las sanciones que se establecen van hasta la destitución del funcionario y se da un plazo hasta el 6 de marzo del 2018 para cumplir con esta disposición.

Wilson Vallejo, coordinador jurídico de la Contraloría, manifestó que la Ley debe especificar quién va a determinar qué es y qué no es un paraíso fiscal, aclarar que la Contraloría no tiene facultad para corroborar la existencia de bienes en el exterior.

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Además, sugerir una reforma legal para que todas las entidades públicas y privadas relacionadas con el sistema financiero estén obligadas a informar a la Contraloría sobre transacciones en el extranjero e incluir la figura de la “auditoría forense” para determinar la existencia de fraudes financieros.

En tanto, Ricardo Andrade, coordinador jurídico del CNE, propuso que se incluya en la regulación a los asambleístas y parlamentarios andinos que al momento no constan y que en la inscripción de candidaturas no se ejerce aún el cargo por lo que se debería retirar la palabra “sanciones”.

Asistió también a la Comisión, Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien señaló que la idea es no permitir que ninguna persona que tenga patrimonio en paraísos fiscales pueda ser parte de los concursos de mérito y oposición que se desarrollan en el Consejo. (I)