En los planes de la oposición y del oficialismo para los cuatro años de periodo legislativo está fortalecer la fiscalización, aunque los primeros aseguran que no ha existido durante los diez últimos años y los segundos sostienen que esta atribución de los asambleístas no es sinónimo de “show político”.

Alianza PAIS (AP) propone ampliar la fiscalización “de lo que sea necesario, lo que la gente solicite”, pero entendiendo que en una democracia moderna la fiscalización no debe ser un show de revancha, venganza política, sino vigilar el cumplimiento de la ley, el predominio de los intereses públicos sobre los particulares.

“La fiscalización, lejos de ser un espectáculo político de venganza personal, es una herramienta que debe estar al servicio de la sociedad no de la fuerza política de turno. Una democracia madura no debe entender la fiscalización como un ejercicio de persecución política... Naturalmente también se debe fiscalizar de manera intransigente faltas de honradez, transparencia en el manejo de la cosa pública”, señala AP en el plan presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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CREO-SUMA, segunda fuerza política en la próxima Asamblea, ha hecho seguimiento de casos de contratación pública y supuesta corrupción por cuenta propia de sus legisladores, sin que estos casos hayan pasado por la Comisión de Fiscalización, por ejemplo los procesos de los helicópteros Dhruv, que en este periodo fueron tratados por la Comisión de Relaciones Internacionales. Además, pedidos de investigación de contratos petroleros.

Guillermo Celi, asambleísta nacional electo de la alianza CREO-SUMA, ratificó días atrás la posición de estas organizaciones respecto a la fiscalización. Sostuvo que esta acción ha sido “nula, ante la galopante corrupción, relegando a los actores sociales a la persecución por defender sus derechos”.

El Partido Social Cristiano (PSC), tercera fuerza política en el Parlamento, se compromete a fiscalizar los actos de los poderes públicos, principalmente del Ejecutivo, pues esto es parte fundamental de la autonomía del Legislativo frente a los otros poderes del Estado. Considera que el control político de la Asamblea ha sido prácticamente nulo.

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En este periodo, un intento de juicio político contra el exministro de Educación Augusto Espinosa fue archivado. Luego la Comisión de Fiscalización inició la investigación de los casos Capaya y Odebrecht con comparecencias de autoridades; durante la campaña electoral no se dijo nada de esos temas y, en cambio, dio resultados de otra investigación, la realizada sobre el Municipio de Quito, el alcalde Mauricio Rodas y sus colaboradores. (I)