“Basta de asaltos, basta de mafias, por eso señores he decidido no concesionar. Escúchenme, no concesionar la autopista Guayaquil-Salinas​”. Esa expresión surgió del presidente Rafael Correa hace 10 años, cuando llegó a Santa Elena para ofrecer su respaldo al proyecto de provincialización.

Era marzo del 2007 y su reparo se originó frente al costo de un peaje de $ 5 que proponía cobrar el entonces Gobierno Provincial del Guayas, que tenía a cargo esa arteria, que después pasó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El viernes pasado, durante su visita a la provincia, Correa abordó la alianza público-privada que se busca para esa autopista y que ha tenido reparos en la Península por el costo del peaje. Este proyecto incluye el tramo Progreso-Playas.

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“Significa que sigue participando el Estado, las concesiones como se hacían en la época de la partidocracia era la ausencia por parte del Estado, aquí siempre va a haber regulación del Estado”, explicó el mandatario, que el 9 de febrero anunció que había firmado el decreto autorizando el proceso de alianza público-privada.

Un día antes, el mismo mandatario había adelantado de que existía una propuesta de la empresa Verdu. Esta planteaba hacer una inversión y colocar dos nuevos peajes, uno en Buenos Aires y otro en Playas.

Correa señaló en Santa Elena que los competidores pueden mejorar la propuesta con la ventaja de la empresa inicial que ha hecho costos de estudio y que al final puede mejorar la oferta. La competencia se abrió y el 20 de abril las empresas postulantes deben presentar la oferta técnica y económica.

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Refirió además que la propuesta de Verdu “en inversión es un mínimo de $ 234 millones” y que el cronograma actual detalla que “el 19 de mayo se hará la evaluación de ofertas y, con el que gane se negociará. La adjudicación será el 6 de junio y la firma de contrato el 13.

El sábado, en su enlace, discrepó que ‘politiqueros’ estén cuestionando el costo del peaje y llamando a movilizarse. Y reiteró que la propuesta de Verdu (de dos peajes de $ 1,50) es el inicio del proceso, que de allí la puja será hacia abajo.

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“Lo que no se dice, por ejemplo, es que de acuerdo a la planificación de Verdú, con ese techo máximo de peaje, recién se empezará a cobrar después de seis meses el primero y después de casi dos años, el segundo”, aseguró Correa.

Patricio Cisneros, prefecto de Santa Elena, consideró que el decreto da paso a la concesión. “Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación, no por alguna información que nos hayan proporcionado, pedimos la información, un diálogo y una socialización del tema, cosa que hasta el momento no se ha hecho”, dijo.

En una Asamblea Provincial del 13 de febrero se pidió paralizar el proceso, realizar la revisión de los montos a invertir donde ellos puedan participar y plantear alguna sugerencia.

El prefecto dijo que los valores de peajes propuestos incidirán en las actividades que se realizan en la provincia. Santiago Perero, usuario de la vía, teme que el costo del pasaje en los buses de Altrapen suba con los nuevos peajes. (I)

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Años lleva construida la autopista Guayaquil-Salinas.

Como llegan a $ 234 millones (de la inversión propuesta), creemos que con menos se puede mantener la vía, no estamos hablando de una vía nueva...”.Patricio Cisneros, Prefecto de Santa Elena