En el convulsionado estado mexicano de Veracruz, autoridades y activistas esperan que aparezcan más cadáveres en fosas clandestinas tras el espeluznante hallazgo de los restos de 250 personas, víctimas de años de azote del crimen organizado en una región que fue saqueada por el gobernador anterior.

El nuevo gobierno estatal, que asumió en diciembre, permitió el pasado jueves por primera vez que periodistas accedieran al predio donde se hallaron los cuerpos, un campo de más de 20 hectáreas en la periferia del puerto de Veracruz, una de las terminales marítimas más importantes del país.

En el lugar se encontraban peritos de la Policía Científica Federal, así como de la fiscalía federal y activistas que narraron cómo fueron ellos los primeros que llegaron al lugar el año pasado, luego de que supuestos criminales se les acercaran para indicarles dónde había cuerpos enterrados.

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“Hay que reconocerle (al nuevo fiscal) que por primera vez dicen la verdad y efectivamente es la fosa más grande de Latinoamérica y podemos encontrar más, la búsqueda sigue”, dijo Rosalía Castro, quien busca a su hijo, quien desapareció mientras conducía por una carretera en el 2011. (I)